La acusación elevada por el fiscal Sabadini a la jueza federal Zunilda Nieremperger acusa directamente a Aída Ayala y a Jacinto Sampayo de beneficiarse con fondos municipales mediante concesión de servicios públicos, donde asegura que se detectó un alto índice de sobreprecios.
El 2 de marzo pasado, Patricio Sabadini dio el puntapié inicial a una serie de investigaciones que pusieron patas para arriba a la provincia del Chaco. Ese día comenzó a elucubrarse una serie de irregularidades, que se fueron confirmando con el correr de los días, y que derivó rápidamente con la detención de funcionarios de peso del gobierno de Domingo Peppo (quien sostiene que no sabe nada de lo que sucedía). Así, cayeron los «líderes» de la banda que operaban en la llamada «Megacausa I», que involucra a Horacio Rey y Roberto Lugo entre sus principales «figuras».
En ese tiempo, y al parecer sin saber que estaba siendo investigada, Aída Ayala pidió la renuncia de Peppo a quien acusó de ser el verdadero líder de esa asociación ilícita. El gobernador respondió con altura a la diputada nacional y la cosa quedó ahí.
Pero unos días después, estalló la «Megacausa II», donde el fiscal Sabadini puso especial énfasis en lo que pasó con PIMP S.A. y la fundación «Construir». En tal sentido, quedaron detenidos inmediatamente Jacinto Sampayo y su hijo Facundo, Alejandro Fischer y su esposa (a cuyo nombre se encuentra la empresa que posee camiones de residuos), y ahora derivó en el pedido de detención de la diputada nacional, Aída Ayala (además hay más detenidos y pedidos de detención, entre ellos un familiar del actual funcionario municipal, Diego Arevalo).
MEGA CAUSA II
Si bien en la primera causa por Lavado de Activos continúa su curso, sin dudas el pedido de detención de una diputada nacional, afín al macrismo y que en octubre del 2017 le propinó la primera derrota al Frente Chaco Merece Más en sus 12 años de vida, se roba la atención de la sociedad.
En tal sentido, el fiscal Sabadini sostiene que Aida Ayala y el dirigente sindical Jacinto Sampayo fueron parte de “un grupo de personas destinado a beneficiarse con fondos municipales a través de la concesión de servicios públicos a un cartel de empresas con un alto índice de sobreprecios”.
La presentación judicial indica que PIMP S.A. “se constituyó el 30 de julio del año 2013, obtuvo el reconocimiento del Registro Público de Comercio el 07 de marzo del año 2014, esto es, siete días antes de la fecha prevista para el cierre de la presentación de ofertas y apertura para contratar, en locación, equipos para ser afectados al servicio de recolección de residuos producida el 14 de marzo del año 2014”. Vale recordar que fue esta firma quien se quedó con la licitación que despertó polémica de inmediato, mediante una denuncia impulsada por el titular del Centro de Estudios Nelson Mandela -Rolando Núñez- pero que rápidamente fue tapada.
“En el mes de febrero del año 2014, durante su gestión, se inicia el proceso de licitación en el que finalmente resulta adjudicataria la firma PIMP SA. Dicho proceso estuvo rodeado de evidente irregularidad, que van desde un llamado a licitación hecho a medida, hasta la adjudicación a la única oferente PIMP SA, una firma también armada a medida”, detalló Sabadini.
Para el fiscal, es clave el rol que cumplió en este acto la entonces intendenta Aída Ayala, soslayando que “efectuó un llamado a licitación a los apuros, sin dar intervención al concejo deliberante y asegurándose al mismo tiempo no contar con objeción por parte del Sindicato a cargo de Jacinto Sampayo, quien a través de otras personas se convirtió en socio de PIMP SA y de la Ingeniera Aida Ayala”.
“La vigencia del contrato tramitado bajo este proceso atravesaría varias gestiones con lo cual no queda otra explicación distinta a que de esta manera se asegurarían el ingreso de fondos para volcarlos ya sea en campañas políticas o ganancias personales”.
El rol de Sampayo
Ayala no llegó a figurar directamente en el acto por “los impedimentos para ser oferentes entre los que incluía a los agentes de la administración pública nacional, provincial o municipal”, como así tampoco Daniel Alejandro Fischer, a quien Sabadini encuadra en el rol de “hombre de confianza de Aida Ayala».
Pero entre los nuevos accionistas “aparecen de un modo un poco más claro alguno de los nombres que desde un primer momento contaban con el verdadero dominio de PIMP SA, muy ligados a la Ingeniera Aida Ayala, al dirigente Jacinto Sampayo y al empresario Pedro Alberto Martínez”. De esta forma abarca a los tres principales involucrados en la causa.
Para Sabadini, el rol de Sampayo se hizo evidente luego de conocido el contrato de la empresa, a todas luces anómalo. “No se observó por parte del sindicato ningún reclamo a la contratación de esta empresa, cuando tamañas irregularidades exigían, por lo menos de su parte, un pedido de informes. Pasó el sindicato a ocupar un lugar de espectador muy alejado del comportamiento, que frente a hechos similares solía mostrar”. Plantea la hipótesis que la razón fue “el interés que se perseguía, cuál era el de beneficiarse a través de personas y empresas de su confianza”.
