Sánchez ratificó ante la justicia las denuncias efectuadas en 2015 sobre la empresa Pimp S.A.

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El diputado provincial del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, acudió a la convocatoria de la jueza Federal, Zunilda Niremperger, ante quien ratificó las denuncias realizadas en el año 2015 por irregularidades en contratos celebrados por la Municipalidad de Resistencia, y además de celebrar los últimos avances de la causa, estimó que la ex intendenta Aída Ayala “en algún momento deberá explicar las decisiones tomadas en aquellos años”.

“He sido citado por Niremperger en orden a la causa en la que se está investigando todo el entramado Pimp S.A. y otras empresas vinculadas a la gestión municipal de Ayala, y en general hemos mencionado lo ya oportunamente denunciado ante la Justicia provincial cuando se celebró este fastuoso contrato por 269 millones de pesos, con la única contraprestación por parte de Pimp S.A de retirar residuos no convencionales, ajenos a todo lo que son los residuos habituales que era otro contrato que tenía la misma empres por 250 millones de pesos desde un tiempo antes”, planteó el legislador.

En ese marco, Sánchez acotó que, en definitiva,  son contrataciones por 519 millones de pesos con una importante actualización establecida entre el valor de precio de la construcción y el del gasoil.

“En ambos casos, el contrato se hizo por ocho años, con la posibilidad de una prórroga de cuatro más, con lo cual, Ayala sabía al momento de llevar adelante la contratación que superaba no sólo su mandato, sino también el de los dos o quizás tres intendentes que la sucederían”, expuso el diputado peronista.

En esa línea, recordó que Pimp S.A es una de las empresas que se crearon “al amparo político de Aída Ayala”, a través de “familiares de Alejandro Fischer, como su mamá Nidia Juárez, y su esposa, Fátima Rigazzio”; y apuntó que Fischer fue “yerno de Ayala en el momento ya había constituido la empresa Reficis S.R.L. donde estaba él y su padre brindando algunos servicios al Municipio”.

 Para Sánchez, evidentemente en este caso “hubo violaciones gravísimas a la Constitución y a la Carta Orgánica Municipal con una licitación que se hizo “por la sola disposición de la intendenta, eludiendo toda aprobación del Concejo que estaba obligado a intervenir”,  ya que incluso la aprobación de una concesión requiere una mayoría de dos tercios”.

El legislador apuntó que “luego Pimp S.A tuvo una modificación en modificación en su estructura de accionistas, pero siempre “bajo el amparo de Fischer”, tal es así que en un inmueble del ex yerno de Aída Ayala funciona el domicilio legal de la empresa.

Sánchez destacó además que, cuando recibió las contrataciones por más de 500 millones de pesos, Pimp S.A “no tenía ni una pala, ni una carretilla ni camiones compactadores, y mucho menos personal registrado, sino que todo se armó después; incluso el acta de AFIP para poder constituirse como empleador lo obtiene después de que el contrato ya tenía tiempo de ejecución, con lo cual, los choferes que tenía la empresa estaban en total precariedad pero la Municipalidad cumplía rigurosamente con su parte”. “Prueba de lo escandaloso del precio del contrato fue que cuando asumió Capitanich, en una decisión incuestionable no rescindió el contrato hubiese sido muy oneroso para la Municipalidad, teniendo que pagar la totalidad del contrato sin contraprestación”, apuntó el legislador y añadió: “Por eso, como se dice en la jerga, la Comuna se tuvo que ´comer el contrato´ pero con una renegociación donde la empresa ofreció facilidades, mayores inversiones, nuevos camiones y reparación de contenedores de basura; entre otras, con una millonaria inversión que no hace más que dar la pauta de que sólo a través de un entramado político un empresa sin nada puede beneficiarse con un contratos por más de 500 millones de pesos”.

En consecuencia, Sánchez estimó que la investigación de la Justicia Federal es “bienvenida” porque está “Recifis, Pimp S.A. y la Fundación Construir y en todo esto la presencia de Aída Ayala, cuestión que, estimo, deberá ser objeto de investigación”. “Lo dijimos en su momento, junto a varios legisladores y no hemos sido escuchado, así que bienvenido sea que hoy, la decisión del fiscal Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, hagan avanzar esta causa que nos tiene expectantes por los resultados que puede tener”, cerró.