Luego de una investigación a cargo del fiscal de La Plata, Juan Cruz Condomí Alcorta, efectivos de la policía bonaerense llevaron a cabo una serie de allanamientos que permitieron desbaratar a la organización criminal. El sindicato UPCN estaría involucrado en el caso.
Entre los trámites que realizaban en la delegación gremial estaba la “venta” de certificados truchos. Con esos documentos, los empleados de la Dirección de Escuelas bonaerenses cobraban sin trabajar. Las licencias que se comercializaban abarcaban todo tipo de enfermedades: las psiquiátricas, eran las más caras. Una gripe o un problema en las cuerdas vocales se conseguía por una suma menos abultada. Así actuaba la banda dedicada a fraguar certificados médicos que fue desmontada por una investigación judicial y que tenía la sede central en la delegación de UPCN de José C Paz.
La policía bonaerense, por pedido del fiscal platense Juan Cruz Condomí Alcorta, realizó en las últimas horas 11 allanamientos en ese distrito del oeste del Conurbano, secuestró material y documentación que involucra a por lo menos seis personas en estas maniobras fraudulentas. Entre los imputados hay representantes gremiales, dos agentes del área educativa provincial y un médico, cuyas identidades no trascendieron. Todos están libres, aunque procesados por delitos de defraudación al Estado y falsificación de documento público entre otras imputaciones.
De acuerdo con la investigación, el fraude al fisco podría alcanzar los 72 millones de pesos. La organización estaría operando desde las primeras semanas de febrero de este año y habría otorgado 220 certificaciones falsas de diferentes enfermedades que les permitían, a los agentes que las solicitaban, conseguir permisos para no trabajar en las escuelas. Los beneficios pueden ser por un mínimo de 3 días hasta 90, según la “enfermedad” que se certifique.
El expediente se inició por denuncias anónimas que llegaron al área legal de Escuelas y que se derivaron a los Tribunales de La Plata. A partir de allí se hicieron intervenciones en la filial de UPCN (uno de los sindicatos que tiene representación en el sistema educativo provincial). Este gremio tiene afiliados entre auxiliares y preceptores, no representa a maestros o profesores.
Los allanamientos se hicieron en el local gremial y también en varios domicilios particulares. Según constataron los agentes de la fiscalía, los certificados fueron firmados por los propios trabajadores involucrados, que utilizaban sellos de profesionales habilitados. “En los formularios completaban datos de enfermedades inexistentes”, dice el expediente judicial.
El fiscal Condomí Alcorta tiene constancia de por lo menos 200 licencias otorgadas. “Representa un perjuicio para la Administración Pública provincial, que abonó dichas licencias y designó suplentes, con su consecuente erogación”, explica el funcionario en el escrito.
Este año, la Dirección de Escuelas cambió el sistema de otorgamiento de licencias para los agentes del plantel educativo. Terminó el contrato con una empresa que hizo los trámites por más de 15 años y llamó a una nueva licitación. Además puso en marcha un mecanismo de solicitud online, con una aplicación para celulares que pueden utilizar los maestros y auxiliares del sistema. Los gremios plantearon quejas por fallas en el funcionamiento en las primeras semanas. Y después, en distritos alejados de los centros urbanos.
Pero, además de los problemas técnicos, el sistema también presenta grietas o hendijas por donde se filtran maniobras fraudulentas como las que descubrió ahora el fiscal de La Plata.
–
Fuente: Clarín.
