El Gobierno nacional compensaría a empresas petroleras por el congelamiento de tarifas

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Así lo revela un informe difundido por Ámbito en las últimas horas. La medida se concretaría si el Ejecutivo no puede llevar el ajuste a las estaciones de servicio.

El Gobierno nacional prometió a las petroleras una «compensación» si no logran trasladar a los surtidores el ajuste de precios pendientes en los combustibles, que ya ronda el 30%.

La promesa quedó sellada por escrito en el «Acuerdo de Estabilidad de Precios con Cuenta Compensatoria» que el ministro de Energía, Juan José Aranguren, firmó junto a las máximas autoridades de YPF, Shell y Axion el 8 de mayo pasado y que se buscó mantener bajo estricta reserva y en secreto del público y la prensa.

Según el documento confidencial suscripto al que tuvo acceso ámbito.com, el convenio tiene una vigencia de ocho meses a partir del primero de mayo, impide aumentos por dos meses y admite desde la génesis un atraso de precios al público de al menos 12% en naftas y gasoil.

El 12% de piso y las variaciones que se acumulen durante los dos meses de congelamiento serán aplicados en seis cuotas mensuales consecutivas a partir del jueves 5 de julio y hasta el 31 de diciembre. Sin embargo, en el punto 8 del Acuerdo el ministro Aranguren se comprometió a buscar un «mecanismo» de compensación alternativo si las petroleras no pueden incrementar los precios en el nivel previsto.

Para conocer el atraso total, al 12% se le sumará el resultado que arroje una «cuenta compensatoria», que se calculará con la cotización promedio del Brent a futuro que informa ICE (theice.com), el dólar vendedor del Banco Nación, el biodiesel y los bioetanol de caña y de maíz que comunica periódicamente el Ministerio.

Los valores base a tener en cuenta son: el Brent a u$s 73,37; un tipo de cambio a $ 21,20, según los respectivos cierres del 2 de mayo; el biodiesel a $ 18,223 (mayo); el bioetanol de caña a $ 16,161 y de maíz a $ 13,164, ambos de abril.

Hasta la última semana de mayo los saltos fueron importantes. El martes 29 de mayo el barril de crudo cotizó u$s 75,38, la divisa estadounidense a $ 25,40, el bioetanol de caña a $ 17,737 y el de maíz a $ 14,098. El biodiesel se mantiene estable, tras el alza de 5% que fijó la Subsecretaría de Recursos Hidrocarburíferos a principios de mes.

El Acuerdo establece el «peso» de cada componente en la fórmula de cálculo del porcentaje mensual de variación: el Brent 89%; el Biodisel 5% y los Bioetanol apenas 3%.

Las disparadas en los costos revelan que las petroleras tienen ajustes de precios pendientes. Las compañías calculan un 30%, pero los vaivenes de la política internacional podrían sorprender con un abrupto descenso del barril por debajo de los u$s 70 o con un revival por encima de u$s 80. En el sector deslizan que la «cuenta compensatoria» podría derivar en un atraso de hasta 50%, que menos el 12% de una posible primera cuota, dejaría un piso de 7,6% para los otros cinco aumentos seguidos hasta diciembre. Si finalmente el desfasaje es de 30% se aplicarán seis ajustes iguales de 5%.

La última vez que se incrementaron los combustibles fue en abril pasado. En lo que va de 2018 la firma de mayoría estatal acumula alzas de 12%. Hoy, el litro de nafta súper en YPF se ubica en $ 25,24. Los estacioneros miran anonadados las planillas de Excel con su propia fórmula ($/u$s x Barril): el atraso total llega al 63% frente a los precios previos a la liberación del mercado de octubre y ubican el litro en la ciudad de Buenos Aires por arriba de $ 40 para fin de año.

Para la lucha contra la inflación que encaró el Gobierno cualquier de estos escenarios son catastróficos. Por ese motivo, el Acuerdo secreto aclara que el cumplimiento de la «compensación final» a las refinadoras se puede extender hasta marzo de 2019, aunque no especifica el «mecanismo» de recupero. Mientras tanto, son las compañías las que asumen la pérdida económica por el fin del intervencionismo, aunque analistas sugieran que este Acuerdo de congelamiento configura la máxima expresión de la intromisión del Estado en la economía.

Una alternativa para el recupero sería postergar el cobro del renovado impuesto a los combustibles (exITC), que establece un ajuste trimestral por el IPC del INDEC y que debería entrar en vigencia en la primera quincena de junio, según lo establece la ley de reforma tributaria 27.430. En función de la inflación de marzo, abril y mayo, la AFIP deberá informar las próximas semanas cuál será la tasa impositiva. Las petroleras estiman que rondará entre 7% y 8%, con lo cual habría más presión en las bocas de expendio y los bolsillos de los conductores.

Otra opción es subsidiar una porción del incremento en naftas y gasoil que las petroleras no pudieron trasladar a los consumidores. Esta vía es casi impracticable para un Gobierno que necesita reducir el déficit fiscal para obtener un salvataje financiero internacional, aunque algunos piensen que reducir impuestos y recaudar menos de lo que corresponde es una forma «encubierta» de subsidiar a la actividad privada. Por último, el Estado podría compensarlas emitiendo deuda o generando retribuciones en operaciones no vinculadas al downstream.

Desde el Ministerio de Energía evitaron hablar de los porcentajes de aumento que regirán desde el 5 de julio y prefirieron no hacer comentarios.

Fuente: Ámbito.com