Así lo manifestó Gladys Leonor Hanke, integrante de la mencionada entidad, quien difundió un comunicado en conjunto con Alicia Helena Casabonne, de Memorria, Derechos Humanos y Solidaridad. Sostienen que prohibir el ingreso a la dependencia policial es una violación a los Artículos 7º y 8º de la Ley 6280.
La situación se originó recientemente, cuando intentaron “tomar contacto con un detenido alojado allí desde hace varios días, a fin de comprobar las condiciones de detención y su estado físico a raíz del pedido de su madre, pero el acceso fue denegado”.
En ese sentido, agregaron que “lo mismo le pasó a su abogado defensor, por parte de las autoridades de turno argumentando que el detenido está incomunicado por orden del Juez del Juzgado de Instrucción Nº 3 Dr. Dario Ortíz”.
“Esta negativa viola lo dispuesto expresamente en los Artículos 7º y 8º de la Ley 6280 de creación del Comité Provincial de Evaluación del Seguimiento y Aplicación de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes”, explicaron en el escrito enviado a los medios de comunicación.
Finalmente, el documento señala que el Comité ha presentado su queja ante las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Provincia y autoridades del Poder Judicial, ya que es inconstitucional negar a cualquier persona por grave que fuera el delito cometido, su derecho a defensa o como en este caso, la posible aplicación de tormentos y/o torturas físicas”.
“Las autoridades policiales y el Juez niegan el contacto con los Miembros del Comité y del abogado defensor, lo cual deja a la persona detenida en un total estado de total indefensión, situación impropia dentro de la vigencia de la democracia y las leyes”, sentenciaron.
