Cautelares por todos lados. La determinación del pasado viernes de la jueza Barreto de detener el proceso de desafuero en la Legislatura, sumó un nuevo capítulo con la orden del juez Civil N° 21, Julian Benito Flores, quien ordenó dejar sin efecto la anterior medida. En caso que se proceda a favor del desafuero, Echezarreta podría ser detenido inmediatamente.
La presentación fue realizada por el diputado provincial por el Frente Chaco Merece Más Rubén Aquino, en el juzgado N° 21, donde pidió se deje sin efecto la medida adoptada días atrás por la jueza del Civil N° 1 Eloísa Barreto.
En la primera resolución, la titular del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de la primera circunscripción, hizo lugar al pedido de Echezarreta, y frenó el proceso de desafuero en marcha (donde el funcionario no la tenía nada fácil). Ahora, Flores no solo desestimó esa medida, sino que además «aconsejó» a su colega de “abstenerse de despachar futuras cautelares que suspendan el proceso de desafuero iniciado por la justicia federal y en trámite por ante la Legislatura provincial”.
El magistrado sostiene que del análisis de las pruebas documentales “surge meridianamente la amenaza cautelar. Más aún: los efectos precautelares de la resolución que manda suspender la prosecución del proceso de desafuero ordenado por la Justicia Federal, coloca a los integrantes del Poder Legislativo de la Provincia del Chaco en situación de desobediencia judicial al verse imposibilitados de cumplimentar lo ordenado por la misma justicia”.
Insistió asimismo en el principio de que “la ley no ampara el ejercicio abusivo de los derechos”, y citó al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, a favor de “acelerar causas de corrupción”.
Flores dictó dicha resolución este miércoles, y ahora la Legislatura tiene vía libre para cumplir con la orden de la jueza Federal Zunilda Niremperger de tramitar el desafuero del ministro Echezarreta para proceder a su posterior detención en el marco de la causa en la que se encuentra imputado como presunto “partícipe necesario” en el delito de lavado de activos, agravado por habitualidad y por ser miembro de una banda en la causa conocida como Lavado I.
En tal sentido, el ministro de Infraestructura podría ser detenido hoy mismo si en este día el sector que lidera Gustavo Martínez obtiene los dos tercios. Para ello debe convencer a sectores de la oposición de Cambiemos, con lo que no sería necesario que los diputados que responden a Peppo o a Capitanich, que se inclinan por el juicio político puedan bloquear la medida.
