Este miércoles tomó estado el embargo de las cuentas de la Provincia por un monto de 45 millones de pesos, por la deuda que mantiene el Estado provincial con trabajadores del Tribunal de Cuentas, que habían reclamado por no haber sido alcanzados por la famosa Acordada 858 del año 1991 del Superior Tribunal de Justicia (juicio del 113%), que dispuso un aumento salarial sólo para jueces, magistrados y funcionarios del Poder Judicial.
El Tribunal de Cuentas es uno de los organismos incluidos en la Ley de “enganche” salarial al Poder Judicial, y los empleados de la entidad demandaron también al Estado por no haber sido beneficiados por ese aumento salarial.
En tal sentido, el ministro de Hacienda, Cristian Ocampo, detalló que “la Fiscalía de Estado está trabajando, tratando de revertir esa situación, porque la Provincia está en emergencia financiera, que fue lo que le permitió que el dinero obtenido haya sido aplicado a todos, porque no alcanzaba”, en referencia al crédito de 2.500 millones de pesos autorizado por la Cámara de Diputados para hacer frente al pago de las sentencias judiciales.
“Estos demandantes entienden que no están alcanzados por la ley de emergencia, pero para nosotros sí”, dijo.
En ese marco, en declaraciones a Radio Libertad, el funcionario indicó que el 90 por ciento de los agentes beneficiados con las sentencias favorables ya acordaron cobrar en las condiciones impuestas por el Gobierno, y afirmó que pretenden que los trabajadores del Tribunal de Cuentas accedan de la misma forma.
“Creemos que esto se debe hacer por el mismo mecanismo aplicado en el caso de los judiciales y no de esta manera compulsiva que le hace mucho daño a la Provincia”, sostuvo Ocampo.
