En base a un trabajo realizado por la Fundación Mediterranea, apunta que los mayores desequilibrios se registran en las provincias patagónicas y en las del norte, como Jujuy, Chaco y Salta. Según los especialistas, son las jurisdicciones que más esfuerzos tendrán que hacer en materia de ajuste para el Presupuesto 2019 y a las exigencias que tendrá el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
De hecho, el presupuesto del año próximo deberá reflejar el plan de ajuste que el gobierno argentino presente al FMI y, en ese marco, será inevitable que el presidente Mauricio Macri busque un acuerdo con los gobernadores.
Según publica La Nación, al momento de definir los recortes, las transferencias no automáticas a las provincias son una de las variables de estudio. Y a pesar de que los gobernadores peronistas, insistan en que el mayor déficit se concentra en la Nación, el FMI posee una mirada integral y el acuerdo las incluirá.
En base a los datos en el trabajo de la Fundación Mediterranea, a través de Ieral, a septiembre de 2017, 17 jurisdicciones de 24 mostraban déficit, en donde refleja que los mayores desequilibrios se detectaron en las provincias patagónicas y en las del Norte. Buenos Aires estaba en el lote, pero esa situación cambiaría desde este año a partir de la solución al problema del Fondo del Conurbano Bonaerense que surgió del pacto fiscal.
Provincias perjudicadas
Los economistas Marcelo Capello, Luis Laguinge y Lucía Iglesias sostienen que esos son los distritos más urgidos en «racionalizar el gasto», no solo para achicar el rojo, sino también para demandar menos asistencia nacional. Recordaron que además, por el Consenso Fiscal, los gobernadores se comprometieron a bajar gradualmente la presión en Ingresos Brutos y Sellos, luego de una década de sucesivos incrementos en ambos.
Las provincias más comprometidas con el “rojo”, según datos del resultado financiero en términos de gasto total a 2017, son Chubut (-16,9), Santa Cruz (-11,2%), Neuquén (-8,2%), Jujuy (-7,7%), Chaco (-6,5%), Río Negro (-5,5%), Salta (-5,4%), Tierra del Fuego (-4,9%), CABA (-4,2%), Entre Ríos (-3,8%) y Misiones (-3,5%).
De esa manera, según lo indica el Ieral, las jurisdicciones deberán racionalizar el gasto provincial para reducir el déficit y demanden menos asistencia nacional.
El gasto en remuneraciones es el principal componente del gasto público provincial: más del 46% del total de erogaciones del consolidado provincial está explicada por este concepto. El resto de los componentes del gasto tienen una participación relativamente inferior en el total: las transferencias totales (corrientes y de capital) representan más del 20% del total (incluyen regímenes de transferencias a sus municipios), las prestaciones previsionales más de un 12% (la mitad de las provincias no transfirieron sus cajas previsionales a la Nación), la inversión pública un 9,3%, y el resto de erogaciones (incluido los intereses) un 12%.
Pero para detectar dónde existen mayores posibilidades de lograr ahorros en el sector público provincial, conviene analizar primero en qué partidas han aumentado en mayor medida las erogaciones en los últimos años. En términos del PIB, el gasto total del consolidado provincial se mantuvo relativamente estable entre 2015 y 2017, pero entre 2005 y 2015 aquel se incrementó en 5 puntos del PIB.
En ese período se incrementó en gran magnitud el gasto de funcionamiento del consolidado provincial, pasando del 6,7% del PIB en 2005 al 10,1% en 2015 (+3,5pp). Este incremento estuvo explicado fundamentalmente por el aumento del gasto en remuneraciones, que en términos del producto fue de +3,3pp en quince años.
La conclusión anterior se confirma cuando se observa que, entre 2005 y 2015, la planta de personal ocupada en el sector público provincial se incrementó casi cuatro veces más que el aumento de la población en ese mismo período.
“Los gobiernos provinciales deben también racionalizar sus erogaciones, para cerrar su déficit financiero y requerir menor asistencia nacional, pero también, y especialmente, para poder cumplir con el cronograma prometido de reducción de impuestos que rubricaron con el Consenso Fiscal”, indica el informe del Ieral y agrega: “De manera que no ocurra como en 2018, en que 13 provincias aumentaron sus alícuotas de Ingresos Brutos en al menos un sector, aprovechando el margen entre la alícuota efectiva y la tasa límite (techo) establecida en el Consenso Fiscal, atentando así contra el espíritu del mismo”.
Panorama complicado
No parece sencillo que, en un contexto en el que se proyectan menos crecimiento y más inflación, los gobernadores recorten planteles. De hecho, radicales y peronistas sostienen que es imposible ajustar personas y obra pública, pero exploran alternativas.
Al igual que la Nación -aunque, por supuesto, en menor medida-, las provincias salieron a buscar financiamiento en el mercado internacional. En los últimos dos años, emitieron deuda por US$11.000 millones a una tasa promedio del 8%.
La devaluación -cercana al 50% desde noviembre de 2017, según los especialistas- afecta más a las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos corrientes al pago de servicios de deuda; al tope de esa lista están Chubut (7,3%), Buenos Aires (5,8%), Neuquén (5,1%) y Mendoza (4,5%).
