“La misma impide a los trabajadores adherirse a los paros en defensa de su derecho a condiciones laborales y salarios dignos”, aseguró el secretario general de UPCP, José Niz.
A su vez, afirmó que “la guardia mínima luego de dos años de mordaza judicial es una excusa para limitar arbitrariamente el derecho a la protesta de los trabajadores organizados”.
El dirigente emitió un comunicado de prensa en el que expresó “desde el año 2016, está en vigencia una medida cautelar, interpuesta por el Defensor del Pueblo en el Juzgado Civil y Comercial Nº 6, que pone una serie de trabas a la libertad sindical y al derecho de los trabajadores de defender su salario y condiciones dignas de labor, que se aplica al Registro Civil y al Ministerio de Salud Pública”.
En este sentido, agregó que la medida “lleva casi dos años sin resolución y el Poder Judicial Provincial, sin haber siquiera visitado hospitales, y centros de salud o registros civiles, para verificar la realidad denunciada por los trabajadores en cuanto a la imposibilidad de cumplimiento de guardias mínimas, como resultado del progresivo desmantelamiento de los servicios públicos, limita arbitrariamente el derecho de huelga exigiendo el cumplimiento de requisitos, tales como listas de personal, horarios a cumplir, funciones, y 48 horas de antelación para la convocatoria de medidas de fuerza, condicionando la libertad del trabajador a reclamar su derecho a través de UPCP, sindicato con personería gremial que conforme la Constitución Nacional tiene la titularidad del derecho a un paro o una huelga”.
SILENCIAR EL RECLAMO NO ES LA SOLUCIÓN
“Nada es casual, estas acciones discriminatorias de parte de los poderes estatales tienen como objetivo silenciar a la clase trabajadora, ante los atropellos que venimos sufriendo”, manifestó Niz.
“Entre la inflación, la suba del dólar que impacta de modo directo en los precios de la canasta familiar, el transporte, la luz, el agua y medicamentos queda demostrado que el insuficiente 10% en cuotas otorgado por el Ejecutivo Provincial ya fue licuado, más aún frente a una inflación anual proyectada del 30%”, señalaron.
Además, sostuvo que “el contexto económico de crisis social y educativa, que ataca a las PYMES y a las economías regionales, el descontrol de los índices inflacionarios, la devaluación, y el veto de la ley que retrotrae las tarifas al mes de diciembre del año pasado, demandan acciones efectivas de quien por la Constitución provincial, es Defensor del Pueblo y para honrar su cargo tiene que desistir de la medida cautelar, porque los trabajadores queremos trabajar”.
