La conferencia se llevó adelante en la vivienda de Raúl Romero Feris. Allí los letrados explicaron las últimas determinaciones internacionales en favor del ex gobernador. «La justicia deber ser legitima, no puede la justicia de Corrientes no resolver a una detenciones de una persona demorar la resolución de 6 meses, porque eso no es un retraso de justicia, es un delito de prevaricato», consideró uno de los letrados. El caso podría terminar en una sanción para el Estado Argentino.
El cuerpo de abogados de «Tato» Romero Feris, explicaron en una conferencia los alcances que presentó la CIDH ante la Corte, donde se señalaron que se habían vulnerado garantías de debido proceso en las causas penales seguidas en su contra en un acción que tiene importante incidencia a nivel nacional.
En este sentido los profesionales Expondrán el Dr. Luis Feris, el Dr Jose Maria Baricco, el Dr Augusto Cesar Belluscio (ex Ministro de la Corte Suprema de la Nación) y el Dr. Juan Pablo Vigliero abogado de las hijas del ex Fiscal Nissman, explicaron los alcances del fallo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“La justicia debe ser legitima, no puede la justicia de Corrientes no resolver a una detenciones de una persona demorar la resolución 6 meses, porque eso no es un retraso de justicia es un delito de prevaricato”, declaró por su el Dr. Luis Feris.
A su turno, «Tato» Romero Feris afirmó que “la Corte Interamericana de DD.HH concluyó que el Estado Argentino violó mis derechos a la libertad personal y de garantías y protección judicial consagradas en la Convención Americana de Derechos Humanos”.
Asimismo, el cuerpo de abogados denunció que desde esa resolución –que le dio la razón a Tato en diciembre del 2017- los tribunales argentinos no acataron el dictamen que “dispuso que el Estado Argentino debe reparar dichas violaciones y adoptar las medidas necesarias para no repetirlas”. En este sentido, el Estado había solicitado cuatro prórrogas, pero la última, en junio de este año fue denegada.
Ante el incumplimiento por parte del Estado Argentino y la suspicacia de los jueces de la Provincia de Corrientes, dicho organismo resolvió someter el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, esto último es lo que podría terminar con una sanción al Estado Argentino.
