Desde 2019, el plan de Viviendas quedará en manos exclusiva de las provincias

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El gobierno comunicó esta semana a los empresarios de la construcción que a partir del 2019 el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) quedará exclusivamente en manos de las provincias y que discontinua el plan creado por Cambiemos para vivienda social.

Otros fondos que están en la mira y que se propuso a las provincias ajustar es el de Incentivo Docente (Fonid) con algo más de 13.000 millones de pesos y las transferencias del Ministerio de Salud con cerca de 2.500 millones de pesos.

 

“El gobierno busca recortar 300.000 millones de pesos y, de acuerdo con cómo salgan las negociaciones con las provincias será el ajuste en la obra pública. Mientras tanto adelantaron que en vivienda social hay partidas como las del Plan Federal de Viviendas que se está discontinuando», explicó al diario El Cronista una fuente del sector privado.

 

El Plan fue lanzado por el Presidente Mauricio Macri el 28 de abril de 2016 y proponía en un plazo de 4 años construir 120.000 viviendas, dar 175.000 créditos subsidiados (incluyendo Pro.Cre.Ar), entregar 300.000 títulos de propiedad, otorgar 450.000 microcréditos para refaccionar.

 

El costo total estimado por la administración nacional al momento de su lanzamiento para los cuatro años en que iba a durar el plan era de 100.000 millones de pesos.

 

«Tenemos entendidos que con esto obtendrían un ahorro de 17.000 millones de pesos para el 2019», agregó la misma fuente.

 

Si se mantuviera ese número, ya significaría un ajuste de 30 por ciento vía inflación ya que es el mismo monto que se integran con recursos provenientes de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles líquidos, a los que se le adicionan los provenientes de los recuperos de las inversiones y los propios aportados por las jurisdicciones.

 

Parte de estos fondos eran destinados a través de transferencias de capital vía programas como Hábitat Nación, Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano y bajo el ítem «otros» de la partida de Vivienda y Urbanismo, algo que desde las provincias reclaman que llega en «cuentagotas».