La información fue revelada este jueves por los fiscales de la Justicia provincial, quienes investigan la causa que involucra a los ex funcionarios Roberto Lugo y Horacio Rey, entre otros.
Durante una conferencia de prensa realizada hoy, los funcionarios judiciales Graciela Griffith Barreto, Lucio Otero y Nélida Villalba brindaron nuevos detalles de la causa y confirmaron que existió la estafa contra el Estado.
En ese sentido comunicaron que son -al menos- 200 los contratos irregulares, e incluyen pagos por publicidad no realizada.
«Lo que se llevaron del erario público ascendería a 60 millones de pesos”, dijeron los fiscales y adelantaron que siguen trabajando para llevar el caso a juicio “lo antes posible”.
“El avance ha sido significativo. El expediente se inició en marzo, y ya tenemos prisión preventiva para todos los imputados. La prisión preventiva de los funcionarios Rey y Buttice, y también de Zibecchi, ya está firme, y sólo queda pendiente, con audiencia fijada, la confirmación de la preventiva de los otros detenidos. Además, fueron rechazados todos los recursos presentados por la defensa de los imputados”, afirmó Griffith Barreto.
Asimismo, la fiscal aseveró que “ya fueron recolectadas todas las pruebas de que los hechos existieron, y también sobre la participación de los imputados”, y detalló: “Hasta el momento, hay 200 contratos que fueron hechos, pagando publicidad no realizada, con empresas y fundaciones que no existían. Son 200 hechos, y siguen más, porque tenemos ahora revisando empresas que han cobrado, para ver si son empresas que estaban funcionando como prestadoras de publicidad, qué montos llegaron a percibir, y además de eso, si hubo un sobreprecio en la publicidad”.
“La cifra estimada hasta la fecha asciende a 60 millones de pesos que se han llevado del erario público”, afirmó la funcionaria, al tiempo que aclaró que “es una suma provisoria”.
En ese sentido, sostuvo que “la prisión preventiva se sustenta no sólo en la cantidad de hechos que se le imputa a Horacio Rey, como secretario general de la gobernación, quien era fiduciante de Pauta Publicitaria, sino también porque está bien corroborada la intervención de estas personas y estos funcionarios en el armado de las empresas, de cómo fueron apareciendo esos contratos, de cómo fueron certificando trabajos que no se realizaron, de cómo fueron los pagos, las órdenes de pago que venían por parte del ex secretario general, a dónde fue a parar ese dinero, y las cuentas a las que se fueron acreditando estos fondos”.
“Los imputados tienen la particularidad de que todos son contadores. Figuraban como apoderados de las cuentas de las empresas o fundaciones, cobraban y luego transferían el dinero a sus propias cuentas o a cuentas de un familiar. Algo tan burdo e indignante por la cantidad de suma de dinero que ha salido del erario público en el lapso de un año y medio, desde comienzos del 2016 a fines de 2017”, relató la fiscal.
Griffith Barreto mencionó algunos casos, como ejemplos de empresas y fundaciones utilizadas como el objetivo de llevarse dinero del Estado. “Se ha comprobado que entre todas estas personas que aparecen operando, está por ejemplo la asociación de ciegos. Estas personas han venido a prestar declaración, y ellos ignoraban todos estos contratos que aparecen a nombre de ellos, haciendo publicidad”.
También mencionó que “hay cuatro empresas de Buenos Aires, con domicilios inexistentes. A través de una sola empresa, llamada Braxton, con domicilio en Buenos Aires, se han llevado 14 millones de pesos. Y esa plata aparece en cheques que fueron retirados por uno de los funcionarios que trabajaba con el señor Rey”.
Por otro lado, la fiscal señaló que también hay “empresas de acá, con domicilios que no existen, así como también las fundaciones que aparecen, como Servir y Crecer, o Volver a Empezar, que figuran con domicilios inexistentes, o con domicilios donde hay casas de familia. Todo eso está verificado”.
