Días atrás, la Procuración General de la Nación decidió trasladar a Juan Zoni a una fiscalía en la que se investigan delitos comunes. La medida fue tomada luego de que pidiera nuevas medidas de prueba.
Juan Pedro Zoni tenía a su cargo la investigación penal por presunta defraudación contra el Estado en el manejo de la causa Correo Argentino (que afecta directamente a la familia Macri) y, antes, había promovido la investigación por presunto lavado de activos contra Sara Garfunkel, la madre del difunto fiscal Alberto Nisman, por la propiedad de terrenos en Punta del Este y otras inversiones sobre las cuales existían dudas sobre su origen.
El argumento fue formal: Zoni fue designado por concurso para una fiscalía en Santiago del Estero que nunca fue creada. Era un fiscal sin fiscalía, y Alejandra Gils Carbó lo designó primero interinamente, luego de manera definitiva en la Fiscalía Federal número ocho de la Capital Federal. Según la Procuración, el traslado fue nulo porque el magistrado debe estar cumpliendo funciones en un cargo para que pueda ser trasladado a otro lo cual, según ha quedado expuesto, no ha ocurrido en el caso. Es que, al no haberse habilitado la dependencia de origen, mal podía invocarse la existencia o disponerse un traslado desde ella hacia otra.
