Con la diferencia de haberes que surja de la aplicación de la ley se creará un Fondo Especial para financiar programas alimentarios.
El gobernador Domingo Peppo firmó esta mañana el proyecto de ley de Tope salarial que será enviado a la Cámara de Diputados para su tratamiento legislativo. La iniciativa, que incluirá a trabajadores activos y pasivos de toda la administración pública, incluyendo también a funcionarios, busca fijar como tope 10 salarios mínimos, vital y móvil, por un tiempo de 12 meses. “Es una medida de excepción, de emergencia y solidaridad”, sostuvo el mandatario.
“Ante la difícil situación económica de empleo y trabajo por la que se encuentra atravesando la provincia y que es producto de un contexto nacional complejo, es que tomamos la decisión de impulsar esta ley para crear un fondo que solvente programas alimentarios”, explicó Peppo, al tiempo que indicó que “con mucho esfuerzo buscamos optimizar nuestros recursos para concretar acciones direccionadas a los menos beneficiados, y con el objetivo puesto en generar mejores condiciones de vida”.
El proyecto de ley impulsa establecer un tope salarial, en el ámbito de la administración central del Poder Ejecutivo, organismos autárquicos y/o descentralizados, Dirección General de Finanzas, Contaduría General, Tesorería General, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, Fiscalía de Investigaciones Administrativas, Sameep, Secheep, Ecom Chaco S.A., el que será aplicado al personal y funcionarios de los mismos. Asimismo, se invita a los Poderes Legislativos y Judicial a adherirse a la presente ley.
El tope máximo salarial consistirá en una sumatoria de diez salarios mínimos, vital y móvil, a percibir por los agentes y funcionarios, tomándose la última remuneración mensual, normal, habitual, regular y permanente de su nivel escalafonario, o cargo que reviste, en su totalidad salarial. La disposición comprenderá a los beneficiarios actuales y futuros de jubilaciones, pensiones y retiro, administrados por el INSSSEP, cualquiera sea su origen legal y justificación, sin excepción alguna.
La iniciativa se enmarca en la Ley N° 2.425-F, en la emergencia social y alimentaria, a los efectos de asegurar la atención de las necesidades básicas de alimentación de la población en condiciones de vulnerabilidad. Es por ello, que el proyecto establece que la diferencia de haberes que surja de la aplicación de la ley serán destinados a la constitución de un Fondo Especial Alimentario para financiar programas alimentarios, que serán ejecutados en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social, y que tendrá por objetivo cubrir las demandas de los sectores más vulnerables de la provincia.
