El fiscal federal Carlos Stornelli impulsó la denuncia penal contra la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, por la supuesta contratación irregular de la consultora Consuasor, una firma prohijada por el oficialismo que además ofrecía tareas de lobby ante el Estado. La causa que está bajo la órbita del juez federal Sebastián Casanello, quien ya comenzó a ejecutar medidas de prueba.
Según consignó una nota en Letra P firmada por Sebastián Lacunza, la denuncia fue presentada el 17 de julio de este año por el abogado Leonardo Martínez Herrero y apunta a que la funcionaria llevó a cabo presuntos negocios incompatibles con la función pública, malversación de caudales e incumplimiento de funciones.
A su vez, el letrado recopiló una serie de notas publicadas en Página/12 y Letra P que daban cuenta de cómo Alonso contrató a Consuasor por un monto de 990.000 pesos anuales (82.500 pesos mensuales) y trató de ocultar el vínculo.
El impulso del fiscal federal a la acción penal resultó decisivo porque, de lo contrario, la denuncia habría caído aunque tuviera fundamento, de acuerdo a lo estipulado por la ley.
En ese marco, Stornelli se tomó dos meses para concretar la acusación contra Alonso, quien llegó a la OA de la mano de Daniel Angelici, el gestor de intereses del oficialismo ante la Justicia y presidente de Boca Juniors, club en el que el fiscal fue responsable de seguridad bajo la gestión de Mauricio Macri.
Una vez conocida la denuncia de Martínez Herrero, la primera reacción del titular de la fiscalía federal 4 fue considerar que no tenía cuerpo suficiente, indicó una fuente cercana a su oficina. Luego de solicitar informaciones básicas a la oficina que dirige Alonso y dada la claridad del caso, Stornelli debió dar curso a la acusación.
Las aparentes ilegalidades o irregularidades en la contratación dispuesta por la titular de la secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la corrupción son al menos cinco:
Alonso pagó a una consultora para relacionarse con la prensa, tarea que en los organismos públicos es llevada a cabo por empleados permanentes o contratos de locación de servicios, con los que de hecho cuenta la Oficina Anticorrupción.
Consuasor no estaba en condiciones de ser contratada por el Estado por mantener deuda con el fisco y otras irregularidades, según un dictamen del extinto Ministerio de Producción. Quizás por esa razón, Alonso dispuso pagos individuales a los dos socios de la firma, Facundo Sosa Liprandi y Alejandro Giúdice. Sin embargo, también prestaban servicios otros empleados de la consultora que no estaban registrados por el Estado.
La consultora en cuestión había sido fundada por Sosa Loprandi, Giúdice y Juan Gabriel Gentile. Este último, hasta su fallecimiento en septiembre de 2017, fue subsecretario de Comunicación Pública con despacho en la Casa Rosada y había sido jefe de prensa del PRO y del senador Federico Pinedo. Gentile se separó de Consuasor cuando Macri asumió la Presidencia, en diciembre de 2015.
Consuasor ofrecía en su página web servicios de lobby para empresas y análisis de riesgo regulatorio, tareas incompatibles con contratados por el Gobierno, de acuerdo a la ley de Ética Pública que justamente tiene a Alonso como autoridad de aplicación.
Como la consultora prestaba servicios para al menos media docena de dependencias gubernamentales de la gestión Cambiemos, se daba la inconveniencia de que Alonso tenía a Sosa Liprandi con acceso a su oficina (definido por diversas fuentes como integrante de la mesa chica), quien a su vez asesoraba a funcionarios a los que la OA debía controlar.
Fuente: El Destape.
