Así lo determinó la Justicia, mediante un fallo de la magistrada Adriana Cammarata, quien consideró que la medida oficializada meses atrás por el Ministerio de Desarrollo Social afecta derechos consagrados en la Constitución y tratados internacionales.
En ese sentido, y con más de 170 mil personas a la expectativa por los ingresos que les permiten una mejor calidad de vida, la cartera que dirige Carolina Stanley -que absorvió a Salud Pública- tiene como máximo 10 días para volver a implementar las pensiones por invalidez.
La sentencia del Juzgado Federal de la Seguridad Social N° 8 a cargo de la jueza Adriana Cammarata señala que la falta de pago de las prestaciones resulta “lesivo, con arbitrariedad e ilegitimidad manifiestas” de los derechos y garantías contemplados tanto en la Constitución como en los Tratados Internacionales. El fallo abarca a todas las pensiones que fueron suspendidas o interrumpidas desde enero de 2017, incluso aquellas en la que el mismo beneficiario optó por dejar la prestación para poder continuar con otra.
Asimismo, la abogada Varina Suleiman explicó : “El fallo reconoce que el Estado no puede actuar sin el debido proceso, que para recortar derechos ya reconocidos tienen que notificar a los interesados y darles la oportunidad de defensa”.
