César Sotelo sostuvo en su dictamen que la sentencia del Tribunal Oral Penal (TOP) N° 1 no debe tener validez, además de considerarla ‘arbitraria’ porque se prescindió de manera injustificada la prueba indiciaria.
El femicidio de Tamara Zalazar tuvo como único imputado a Raúl Alberto Escalante, pero el individuo quedó en libertad meses atrás por falta de mérito.
En relación a los Recursos de Casación que presentó la familia y el Fiscal del TOP N° 1, Carlos Lértora, ante el Superior Tribunal de Justicia; Sotelo explicó que la libertad de Escalante fue concedida sin brindar argumentos jurídicamente válidos, no se tuvo en cuenta el cúmulo probatorio y tampoco se incluyeron los principios de perspectiva de género.
Asimismo, el funcionario judicial considera que hubo desconocimiento de la Ley 26.485 –Artículo 16, inciso i), en la que se establece que todo caso de violencia contra la mujer debe tener garantías para “la amplitud probatoria para acreditar los hechos denunciados, teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos”.
“De haberse analizado, con el criterio de amplitud probatoria que requería el caso, el cúmulo probatorio agregado” al expediente y que “el Tribunal omitió incluir como fundamentos de su sentencia absolutoria, no habría podido justificar la absolución del Sr. Raúl Alfredo Escalante”, expresó el fiscal General.
