El fiscal Stornelli había pedido el último viernes la detención de Carolina Pochetti a la par que solicitó congelar sus cuentas y bienes en el exterior por 70 millones de dólares, luego de que el día anterior la Cámara Federal anulara un fallo del juez de primera instancia Luis Rodríguez.
El juez federal Claudio Bonadio hizo lugar al pedido del fiscal Carlos Stornelli y ordenó la detención de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, el exsecretario privado del expresidente Néstor Kirchner, en el marco de la causa sobre presunto pago de coimas en la obra pública.
La orden fue firmada por el magistrado el último viernes por la noche y alcanza también a Elizabeth Municoy, Sergio Todisco, Carlos Gellert y Perla Puente Resendez y pidió la captura internacional de Carlos Temístocles Cortez.
Según trascendió, esas cinco personas son investigadas como presuntos testaferros de Muñoz, quien fue secretario privado de Kirchner hasta 2009.
En el marco de la causa conocida como «cuadernos de la corrupción», el exsecretario de Obras Públicas José López, el financista Ernesto Clarens y el extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) Claudio Uberti, señalaron a Muñoz como quien recibía los bolsos con dinero supuestamente destinado a los Kirchner.
El fiscal Stornelli había pedido el último viernes la detención de Carolina Pochetti a la par que solicitó congelar sus cuentas y bienes en el exterior por 70 millones de dólares, luego de que el día anterior la Cámara Federal anulara un fallo del juez de primera instancia Luis Rodríguez.
Rodríguez desestimó las medidas solicitadas por Stornelli y otorgó la eximición de prisión a Pochetti, a quien obligó a depositar una caución de 10 millones de pesos.
El jueves pasado, la Sala II de la Cámara Federal, con la firma de los jueces Leopoldo Bruglia y Martín Irurzun, hizo lugar a una queja del fiscal Stornelli y habilitó las medidas que habían sido solicitadas.
Tras el fallo, Stornelli insistió con la detención de Pochetti y de las otras cinco personas señaladas.
Según la acusación del fiscal, los involucrados habían conformado una estructura jurídica, societaria y bancaria en la Argentina así como en el extranjero, para canalizar, convertir, transferir, administrar, vender, y /o poner en circulación en el mercado fondos de procedencia ilícita, presumiblemente originados en hechos de corrupción sistemática y organizada.
El fiscal tuvo en cuenta documentación enviados por el Departamento de Justicia de los estados Unidos que dan cuenta que se invirtieron esos fondos en la adquisición de dieciséis bienes inmuebles en Nueva York y Miami.
Seguido a ello, a partir de 2013 pero principalmente entre 2015 y 2017 los inmuebles fueron vendidos obteniéndose una suma de 73.406.300 millones de dólares.
El dinero, según la documentación, fue reintroducida en el sistema bancario y luego transferida a entidades financieras así como a México y China.
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