El decreto 2145 firmado por Peppo, se viralizó en los últimos días y acumuló fuertes críticas en redes sociales. Este miércoles, legisladores justicialistas apoyaron al proyecto del diputado de Cambiemos Alejandro Aradas para rechazar la modalidad y la incorporación de “parientes cercanos a funcionarios”.
Mediante el Decreto 2145, el gobernador Domingo Peppo realizó este 1º de Octubre el nombramiento de 81 “integrantes del II Curso de formación para oficiales de Policía” a nuevos cargos de diferentes dependencias de la Policía provincial. Pero al parecer en la lista hay algunos nombres que no realizaron dicha capacitación y “accedieron al beneficio por medio de una devolución de favores”; incluida una “cantidad de hijos y parientes cercanos a funcionarios y exfuncionarios provinciales”, tal como lo señaló en los fundamentos del proyecto 5247, el diputado radical Alejandro Aradas quien habló de “manejo discrecional de influencia” y privilegios.
Además, lo que varía en esta recategorización a “oficiales subalternos” que se realizó, son los sueldos a percibir por los nombrados, que según el decreto deben ser absorbidos por las dependencias a las que fueron designados.
Sesión en Diputados: amplio rechazo al decreto
Este miércoles, desde Cambiemos pidieron su ingreso, reserva y tratamiento, lo que finalmente ocurrió con el voto de varios diputados justicialistas encabezados por Élida Cuesta. Y, finalmente, con 23 votos se sancionó la normativa que rechaza el decreto gubernamental.
En el Recinto, Aradas aseguró que la iniciativa tiene que ver “con empezar a clarificar para qué sirve la acción política. Tenemos que empezar a transparentar acciones porque por las malas de algunos pagamos los platos rotos todos”. Adelantó que pedirá la nulidad y avanzará en otra legislación que transparente, ya sea por concurso, la incorporación de personas a las fuerzas de seguridad.
El justicialista Juan Manuel Pedrini aseguró que el decreto “es absolutamente legal”. “El cuerpo policial no está afectado por el llamado a concurso, es una potestad del jefe de la política. Podemos modificar la ley si hay desacuerdo, pero es así”, aclaró. Y también señaló que se dio a conocer el decreto posteriormente a su incorporación por haber estado en plena medida de fuerza los trabajadores de la página oficial. A lo que Aradas respondió: “No es que la página oficial esté de paro, hace 7 u 8 meses que no se informan decretos. Más allá de lo legal hay una cuestión ética que tenemos que discutir”.
Desde la Concertación Forja, Gladis Cristaldo mocionó su ingreso y pase a la comisión de Legislación General. Observó que en las redes incluso se hablaba de un número de decreto que coincidía con otro, lo que consideró “un perjuicio hacia la administración pública”, por lo que pidió “que se estudien todos los elementos sobre esta cuestión”. “Me parece muy irresponsable votar una ley sin tener todos los elementos”, aseguró.
El jefe de la bancada justicialista, Hugo Ságer propuso su ingreso y modificación. “La hemos acercado y no es compartida por lo que no podemos acompañar”. También entonces se inclinó por girarlo a la cartera para su próximo tratamiento.
La Resolución
En su artículo 1°, la resolución rechaza el Decreto del Poder Ejecutivo N° 2145, del 1 de octubre, que establece la incorporación de 81 ciudadanos como oficiales subalternos en la Policía del Chaco, “en razón que los argumentos fundados en el decreto de referencia es agraviante y muestra una situación selectiva de los ingresante, sin la información y la formación abierta a todos los ciudadanos de la provincia”.
El 2° artículo rechaza “estas acciones que se manifiestan sobre hechos ya consumados, que en apariencia están en el marco de las normativas, pero que estas metodologías oscuras soslayan el interés general y constituyen actos de una total falta de ética pública y procedimientos de “nepotismo” que privilegia a quienes ostentan el poder político de turno”.
Mientras que en su artículo 3°, sostiene que “todo acto administrativo de privilegios selectivo como lo establece el Decreto N° 2145, conspira contra la transparencia de los actos de gobierno, en razón que dicho instrumento no se encuentra en los medios digitales público e institucional de gobierno provincial, como tampoco en el Boletín Oficial de la Provincia. Así también limita la apertura de posibilidades a todos los profesionales de la provincia”.
