El municipio de Resistencia y el gobierno provincial continúan trabajando en la implementación de un protocolo de intervención sobre el uso del espacio público de manera de garantizar el cumplimiento y resguardo de derechos de toda la comunidad.
Este martes el intendente Jorge Capitanich se reunió con los ministros Carlos Barsesa (Seguridad Pública) y Martín Nievas (Gobierno) junto con quienes analizó la aplicación de este instrumento.
“Lo que buscamos es establecer un mecanismo de diálogo permanente y de consulta de manera de que se vena garantizados los derechos de todos los ciudadanos”, explicó el jefe comunal.
De la reunión también tomaron parte la jueza provincial de Faltas, Marcela Cortés; el jefe de la Policía del Chaco, Ariel Acuña; y el titular de la Policía Municipal de Resistencia, José Luis Benítez.
El protocolo que está en análisis establece distintos pasos de procedimiento en casos de manifestaciones públicas: garantizar el diálogo, asegurar la visibilidad del reclamo, establecer libre circulación en las calles y negociación permanente.
“Nuestro objetivo es avanzar con una regulación del uso del espacio público que garantice el derecho a la manifestación pública, pero que no perjudique derechos de terceros”, subrayó el intendente.
Al respecto, mencionó que se busca establecer mecanismos de visibilización de los reclamos callejeros más teniendo en cuenta el escenario de crisis económica y social que atraviesa el país.
“Consideramos que ante este desastre macroeconómico, político y social a causa del gobierno del macrismo, de extrema pobreza y exclusión, la ventanilla para las quejas no son ni el municipio ni el Gobierno de la Provincia”, señaló Capitanich.
El jefe comunal indicó que se hará hincapié en la transparencia del proceso de petición ante los poderes públicos por parte de los manifestantes de manera de incrementar la legitimidad social de los reclamos.
“Entendemos que existe legitimidad en las protestas sociales más ante este cuadro de crisis, pero también es necesario resguardarlos derechos de los demás”, puntualizó.
El intendente también hizo referencia a aquellos casos en los que además de entorpecimiento de la libre circulación en la calle se suma la toma de edificios públicos o violencia física o verbal contra personas.
“Ese tipo de casos ya no implican únicamente una contravención sino que se convierte en un delito por lo que este protocolo que buscamos trabajar más que nada de manera preventiva”, agregó.
Y señaló que lo que se pretende es existan garantías para el desarrollo de cualquier protesta social, pero tendiendo siempre al ordenamiento del uso del espacio público, con caminos alternativos de circulación y visibilización del reclamo.
“Formamos parte de una sociedad democrática, con orden jurídico y político, en la que es necesario atender las demandas ciudadanas de modo razonable”, finalizó.
