La medida fue impulsada por diputados oficialistas y tiene la intención de ampliar los limitantes que imponen la Ley 471 y el Estatuto Docente en cuanto al ingreso a personas al empleo público, más precisamente al ámbito de la docencia y trabajos auxiliares relacionados con la enseñanza escolar, primaria y secundaria.
Tras las denuncias por varios casos de abusos en distintas escuelas del país, los legisladores porteños de Vamos Juntos impulsaron un proyecto en la Legislatura porteña, a través del cual buscarán modificar la Ley 471 y el Estatuto Docente con el objetivo de prohibir el ingreso a personas al empleo público, más precisamente al ámbito de la docencia y trabajos auxiliares relacionados con la enseñanza escolar, primaria y secundaria del ámbito público.
De esa manera, la medida establece que “quienes hubieran sido condenados o estuvieren procesados con auto de procesamiento firme o situación procesal equivalente por delitos que atenten contra la integridad sexual de las personas, para el caso de quienes presten funciones en establecimientos de enseñanza preescolar, escolar y secundaria”. La limitación aplicaría a los aspirantes a puestos de trabajo auxiliares en los establecimientos de enseñanza (encargados, profesores de talleres extracurriculares, empleados de limpieza y demás trabajadores auxiliares).
Es así que la prohibición también regirá para aquellas personas humanas que presten o pretendan prestar servicios de cualquier tipo en escuelas o en cualquier otra institución u órgano dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad en los que realicen actividades menores de edad.
En los fundamentos del proyecto, los oficialistas explicaron que “la finalidad es prevenir que se cometan delitos contra la integridad sexual dentro del marco de la enseñanza, entendiendo que la reincidencia es uno de los aspectos que suelen manifestarse en este tipo de conductas disvaliosas” y resaltaron que “el análisis de casos de abusos sexuales contra menores lleva a la conclusión que en su gran mayoría son cometidos por personas cercanas o que tienen que ver con el ámbito en que se desempeñan las víctimas”.
“Esta iniciativa viene a complementar las sanciones que aplican las penas del Código Penal de la Nación, en este caso esta propuesta busca prevenir los delitos en cuestión, ya que se restringirían los ingresos a puestos en establecimientos escolares a personas sin vinculación previa a la comisión de estos delitos”, aseguraron y explicaron que “en cuanto a los sujetos alcanzados por esta nueva limitante, no solo se contemplan los casos de maestros y profesores si no que también se toman los casos de los trabajadores que, sin ser educadores, suelen estar en contacto con los alumnos y pueden llegar a desarrollar una relación de confianza con ellos”.
La medida fue impulsada por el vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, Ariel Álvarez Palma; la vicepresidenta de la Comisión de Mujer e Infancia, Paola Michielotto; y los legisladores Claudio Cingolani y María Luisa González Estevarena.
*El Parlamentario
