Jorge Humberto Romero fue hallado responsable de diez hechos de fraude en perjuicio de la administración pública en función con administración fraudulenta, en concurso real. La pena es de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua.
El tribunal condenó al imputado Jorge Humberto Romero como autor penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la administración pública en función con administración fraudulenta (diez hechos) en concurso real (art. 174, inc. 5° en función del art. 173 inc. 7 y 55 del c.p.) a la pena de tres años de prisión en suspenso e inhabilitación especial perpetua (conforme lo previsto en el último párrafo del art. 174 del c.p.).
La sentencia fue dictada por la Dra. Gloria Beatriz Zalazar el pasado 9 de noviembre.
MALESTAR DEL PJ
El diputado provincial del Partido Justicialista, Ricardo Sánchez, se expresó luego de conocido el fallo en la causa que investigó varios hechos de fraude contra la administración pública durante el gobierno de Ángel Rozas, y si bien valoró la actitud de la jueza de condenar al ex ministro de Salud, Jorge Romero, entendió que es una pena “leve” ante hechos que son de suma gravedad.
La sentencia N°245, del 9 de Noviembre, fue dictada por la jueza de la Cámara II en lo Criminal, Gloria Zalazar en el marco de la causa N° 8920/2014 “Gómez, Mario Alberto; Romero, Jorge Humberto s/Fraude contra la administración pública”. La fiscal de Cámara que intervino fue Dolly Roxana Fernández.
Durante el proceso de investigación, que surge de una denuncia realizada por el propio Sánchez, y posteriormente en el debate oral, la Justicia pudo comprobar los hechos sucedidos en el año 2001, cuando Romero, como ministro de Salud de la provincia, cometió distintos hechos de fraude en compras de medicamentos e insumos hospitalarios, que tenían que ser destinados a los hospitales de Castelli, Sáenz Peña, San Martín y Villa Ángela; compras que se realizaron por importantes sumas de dinero.
De la investigación surgió la existencia de facturas apócrifas en compras de, fundamentalmente, insumos de traumatología e intervenciones quirúrgicas que terminaron siendo falsas.
Durante el proceso, declararon varios profesionales de la salud, quienes confirmaron la falsedad tanto de las compras como de las prestaciones, en al menos 10 hechos. Las maniobras ilícitas involucraban a los distintos hospitales del interior mencionados.
Sánchez rememoró que “todo esto se origina con un informe del Tribunal de Cuentas, que alertaba sobre una serie de irregularidades en el manejo de dinero proveniente del Programa Federal de Salud (Profe), donde el contador Mario Alberto Gómez, actuó como coordinador de todas estas compras que se fraguaban con dinero de programa, que llegaban desde la órbita nacional”.
En ese marco, agregó que “en el Chaco, una comisión presidida por el titular de la cartera sanitaria, y donde estaba Gómez, llevaron a cabo estas maniobras ilícitas”.
Con esta información en la mano, Sánchez se presentó ante la justicia denunciando los hechos y, después de más de 15 años de espera de una resolución, Sánchez consideró que “si bien la sentencia parece sumamente liviana, a tenor de una sociedad que reclama una firme postura frente a casos de corrupción, debo valorar que se haya llegado a una sentencio condenatoria de fraude en perjuicio de la administración pública, en función con administración fraudulenta, 10 hechos en concurso real”.
En esa línea, el legislador remarcó que “en realidad, se lo condena sólo a tres años de prisión en suspenso, más allá de la inhabilitación perpetua que se le establece para el ejercicio de la función pública”.
Sánchez acotó: “Lo bueno que tiene el fallo es que se haya logrado una condena, y valoro la posición de la juez rechazando la estrategia defensiva de Romero fundamentalmente en orden de la posible prescripción de la acción penal; no obstante ello, entiendo que, para alguien que ha fraguado facturas para remedios e insumos destinados a la salud de los chaqueños, no aparece esta condena de tres años en suspenso como resarcitoria”.
El legislador indicó que “si la decisión de la Zalazar era condenar, actitud sumamente valiosa atento a la demanda social por poner coto a este tipo de casos de corrupción, parece extremadamente liviana una pena de tres años en suspenso”. “Por todo ello, como denunciante del hecho, me queda la satisfacción de la sentencia después de 17 años, con el sinsabor de lo liviano de la condena”.
