Fue tras una investigación de la Policía Federal, que derivó en allanamientos en Mar del Plata, Batán y Bahía Blanca; los siete detenidos, de nacionalidad colombiana, están acusados de lavar dinero del narcotráfico y captar “soldados” para el tráfico de estupefacientes.
Delitos vinculados a la extorsión, la usura y el lavado de activos provenientes del tráfico de estupefacientes. El Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich, comenzó a investigar a esta organización criminal en febrero del año pasado y dio cuenta de las conexiones en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires. De esta forma, la Policía Federal Argentina acumuló las pruebas necesarias para conocer a fondo el “modus operandi” y arrestar a los siete integrantes de la banda, todos de nacionalidad colombiana.
La operación “Cafetera Financiera” consistió en una exhaustiva tarea de inteligencia que llevó a los detectives a conocer cada una de las instancias del entramado delictivo. Los imputados habían montado un comercio para la venta de muebles de muy baja calidad, con el pretexto de ofrecer préstamos con tasas de interés usurarias a personas vulnerables sin acceso al crédito. Era entonces cuando se ponía en marcha la metodología del “gota a gota”: se exigía a los damnificados el pago diario y, al no poder afrontarlo, eran extorsionados y despojados de sus viviendas, vehículos y pertenencias.
“Este procedimiento fue exitoso gracias al profesionalismo de las fuerzas federales y la cooperación permanente con las autoridades judiciales. Estas maniobras son llevadas a cabo por criminales sin escrúpulos que, con tasas de interés que llegan a triplicar la del mercado, muchas veces aprovechan la situación para captar ´soldados´ para el narcotráfico”, afirmó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien instruyó políticas expresas a la Secretaría de Seguridad que dirige Eugenio Burzaco.
Conscientes de los efectos que el “gota a gota” ha tenido en otros países como México y Brasil, donde se ha cobrado la vida tanto de quienes no pudieron afrontar los pagos como de algunos cobradores (el primer eslabón de la cadena criminal), el personal de la Agencia Regional Mar del Plata de la Policía Federal –institución que comanda Néstor Roncaglia- sumó elementos que probaban los contratos clandestinos, a través de seguimientos y escuchas telefónicas sobre los miembros de la organización trasnacional.
Así fue como identificaron los distintos roles y las jerarquías dentro de la banda. Los dos cabecillas eran Uver L., quien oficiaba como el articulador de los “soldados cobradores”, y Jair, el jefe que dirigía desde su vivienda en la ciudad de Bahía Blanca. Ambos eran de nacionalidad colombiana, como todas las otras piezas que fueron reconocidas por los efectivos durante la pesquisa.
Frente a ello, el Juzgado Federal N° 1 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Inchausti, que tramita la causa a través de la Secretaría de Federico Hooft, libró nueve órdenes de allanamiento en la ciudad balnearia, Bahía Blanca y Batán. El resultado: la detención de los siete integrantes de la red criminal y la incautación de vehículos, teléfonos celulares, armas de fuego, dinero en efectivo (dólares y pesos argentinos y colombianos), equipos electrónicos y documentación de interés para la causa (facturas, comprobantes, recibos, folletos, pagarés y cuadernos).
