El presidente de la fuerza política, Miguel Ángel Ávila, calificó de “preocupante” la sucesión de pedidos de prisión preventiva contra intendentes y otros funcionarios chaqueños, así como la “articulación” de esos pedidos con movidas legislativas para intervenir los municipios investigados.
En ese sentido, advirtió que “el orden institucional de toda la provincia se ve afectado por esta embestida jurídico-política”.
“Todos los días nos vemos sorprendidos por el uso y abuso que hacen fiscales provinciales y federales del instituto de la prisión preventiva, pero ahora observamos también un movimiento de pinzas que nos lleva a preguntarnos si los poderes Judicial y Legislativo realmente comprenden cuál es el Poder del Estado que debe gobernar”, analizó el dirigente.
Para Ávila, mientras los fiscales solicitan la aplicación de la prisión preventiva “sin importarles si se cumplen los requisitos para su encuadre legal”, la oposición en la Cámara de Diputados “aprovecha la confusión y el manto de sospecha para pedir la intervención de la comuna y acorralar a gobiernos elegidos democráticamente”.
Desde su punto de vista, “el problema no es investigar a fondo sino el abuso de la prisión preventiva como herramienta para hacerlo: hay un fiscal que tiene en la mira a una docena de intendentes peronistas y ya pidió la prisión preventiva de dos de ellos. Detrás hay una oposición que se apura a pedir la intervención de cada una de esas localidades como si con un trámite legislativo express se pudiera allanar el camino para los comicios post-intervención. Es un esquema perverso que debe preocupar a la ciudadanía y a la dirigencia”, disparó.
En tanto, recordó que muchos de los pedidos de prisión preventiva “posteriormente son rechazados por la Cámara de Apelaciones o por Casación, ya sea porque el fiscal sobredimensionó el peligro de entorpecimiento de la investigación, o porque la causa no lo amerita, pero el daño que se le hizo a la persona, al funcionario y al organismo que vio afectado su funcionamiento ya es irreparable”.
“Lamentablemente el uso político de las investigaciones judiciales ha convertido en ordinarios a los remedios extraordinarios, como la prisión preventiva. Hoy el fiscal no sólo pide la preventiva automática de uno, dos o diez intendentes, sino que además se enoja cuando la jueza se niega a avasallar las inmunidades constitucionales del investigado”, abundó.
También sostuvo que el daño ocasionado a quienes sufrieron prisión preventiva es irreparable (“condena mediática, detención ilegítima, pérdida de bienes, afectación de la imagen y de su futuro”) y recordó que “miles de casos en todo el país refutan esta metodología persecutoria de algunos fiscales, al investigar y llegar incluso a condenas efectivas sin necesidad de apelar al remedio excepcional de la prisión preventiva”.
Finalmente consideró sospechoso que “tanto las investigaciones que durante los últimos meses ganaron los medios de prensa, como los pedidos de intervención que se sumaron a la embestida jurídico-política, apunten solamente a presuntos hechos cometidos por funcionarios o ex funcionarios del actual gobierno provincial, mientras que las causas similares que no salpican al gobierno permanecen estancadas desde hace uno o dos años. No estamos en contra de que se investigue a fondo, sino del desmedido uso de la prisión preventiva”.
