Nuevamente los egresados de la carrera Derecho fueron a buscar respuestas y se encontraron con malos tratos y desligues de responsabilidad.
Noelia Borges, una de las abogadas que aguarda por su diplomatura dialogó con TN24, sobre la última reunión que mantuvieron con autoridades de la Facultad de Derecho. «El martes nos recibió la secretaria Académica, Veronica Torres de Breard, pero nos atendió de mala manera, llegando hasta el punto de gritarnos. Nos terminó diciendo lo mismo de última vez que nos recibieron-hace más de 20 días-, que hay un solo scanner y que estaba llegando otra máquina desde Santa Fe, pero esta llegando en mula al parecer, dado que hace tres semanas en teoría fue enviado. Incluso vimos que hay cajas con nuestros expedientes en rectorado sin ningún tipo de seguridad. Cualquiera puede ir y agarrar un expediente y llevárselo»,comentó .
PRIVILEGIOS
La entrevistada relató que Torres de Breard, perdió la compostura cuando le comentaron que sabían de egresados que se recibieron en febrero y a los pocos meses se les entregó el título, debido a que formaban parte del centro de estudiantes, «nos gritó que eso era mentira, cuando nosotros sabemos que es cierto y tenemos pruebas de ello porque los mismos chicos beneficiados nos dijeron eso, dado que eran compañeros nuestros. Nos parece vergonzoso que ella siendo jueza de la Corte Suprema de la Nación nos haya tratado de esa manera».
DAMNIFICADOS
Borges aclaró que se enteraron que el número de profesionales sin título asciende a 1048, de los cuales hay egresados de Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Córdoba e incluso Buenos Aires.
SIN RESPUESTAS
«Ellos siguen escudándose de que ya enviaron los títulos y que ahora depende del Ministerio de Educación por lo que nosotros seguimos en la misma situación, nos siguen perjudicando y vulnerando nuestros derechos. También nos reclamaron que como estamos saliendo en los medios se terminó la buena onda con nosotros por hacer público el reclamo», expresó la egresada.
NUEVAS MEDIDAS
La letrada explicó que hoy presentarían un amparo colectivo y hasta evaluan la posibilidad de denunciar penalmente a las autoridades de la Unne por incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos. «Presentaremos una demanda por daños y perjuicios por la perdida laboral que tuvimos todo este tiempo». Por último, remarcó que la rectora, Delfina Veiravé, jamas los atendió.
