La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial ratificó una acción de amparo colectivo que ordenó al Instituto de Cultura del Chaco que, en un plazo de treinta días, presente un plan para la protección y reparación de la Fábrica, la Casa Grande y edificios anexos del ex Ingenio Azucarero Las Palmas. La medida fue impulsada por el diputado provincial de Cambiemos, Livio Gutiérrez, patrocinado por Federico Valdés.
La acción colectiva que, en primera instancia ya había tenido fallo favorable, fue ratificada por los camaristas Diego Derewicki y Marta Inés Alonso de Martina que confirmaron la sentencia de primera instancia.
El estado de desprotección del Ingenio y el cumplimiento estricto de las normas que protegen el Patrimonio Cultural Chaqueño fueron los ejes los camaristas, que sostuvieron en sus fundamentos que “(…) imponiendo las normas jurídicas reseñadas una expresa obligación a cargo de la Administración de proteger el bien cultural en trato…se constituye en un deber de los jueces controlar el efectivo cumplimiento de tales acciones si se advierte su menoscabo o desprotección que -en el caso- no se pone en tela de discusión”.
En relación al fundamento de la emergencia que esbozo el Estado en su recurso, los camaristas rechazaron diciendo que “las invocaciones respecto a la emergencia en la que se encuentra inmersa la Provincia, en modo alguno habilitan el incumplimiento de tales obligaciones, en atención a la existencia de un fondo específicamente creado para solventar los gastos que irroga el resguardo del patrimonio cultural (art. 30, Ley 1400-E), a lo que debe adicionarse el compromiso asumido por la misma demandada durante la tramitación de la causa”.
Al respecto, el fallo menciona que en una audiencia se dejó constancia que habiéndose realizado un informe sobre las obras de apuntalamiento a realizar por etapas, “…la primera etapa demanda un costo de $1.800.000,00 conforme lo informado por el Presidente el Instituto de Cultura, quien agrega que el dinero respectivo ya se encuentra a disposición..”. Sin embargo, subraya que “el desembolso informado en los términos descriptos no solo no se concretó, sino que hasta la fecha no existe constancia de previsión presupuestaria alguna efectuada por el Estado deudor para afrontar el pago de la obligación en debate”.
«Estamos satisfechos , ha quedado acreditado en el juicio que se gasta el dinero de los chaqueños en cosas superfluas, no se utiliza lo presupuestado por la Legislatura cada año para la cultura del Chaco, lo único que reclamamos es el mínimo cuidado del patrimonio cultural», comentó Gutiérrez tras la confirmación del fallo.
En tanto, Valdés expresó: “Este fallo es un gran antecedente para la Protección de nuestro Patrimonio y me siento muy orgulloso de haber sido abogado de este caso, pero también sé que en el marco de estos procesos colectivos recién con la sentencia firme comienza el arduo camino de su acatamiento, que por las conductas demostradas por la contraria en el proceso no será una tarea fácil”.
