Para trabajar en un protocolo que garantiza visibilizar la protesta sin perjudicar la libre circulación por largos períodos de tiempo.
Los ministros Carlos Barsesa (Seguridad) y Martín Nievas (Gobierno) se reunieron, este martes, con el intendente de Resistencia Jorge Capitanich y la jueza de Faltas Marcela Cortés para avanzar en un protocolo que permita visibilizar las protestas, sin perjudicar la circulación por largos períodos de tiempo. También participaron el Jefe de la Policía del Chaco Ariel Acuña y el subjefe de la Policía del Chaco Juan Machuca.
“La iniciativa fue tomada por la Jueza con vistas a la necesidad de abordar la problemática para optimizar el funcionamiento de los distintos sectores a la hora de tratar este tipo de situaciones. Estamos a la espera de que la legislatura apruebe o resuelva el proyecto que se elevó desde el Poder Ejecutivo y no ha sido tratado aún”, dijo Barsesa.
El funcionario explicó que el objetivo no es coartar el derecho a la protesta, sino permitir la manifestación pacífica resguardando el derecho de la ciudadanía a transitar, trabajar, etc. “Hemos abordado dos situaciones que se dieron, en el Municipio y el Domo del Centenario, de ocupación de la Secretaría de Economía, en clara contravención. Estuvimos abordando la mejor forma de trabajar en este sentido, para resguardar además, la seguridad de los empleados, funcionarios municipales y el propio contribuyente que acude al edificio municipal, entre otros”, aseguró.
Por último señaló la necesidad de un proceso ordenado que permita que el Estado reciba el reclamo, brinde una respuesta y los cortes sean levantados reanudándose el tránsito vehicular, pudiendo quedarse en las veredas. “Termina siendo contraproducente para todos, tenemos problemas con las ambulancias y la asistencia cada vez que se produce un corte”, finalizó.
Prevención para evitar la convulsión social
El intendente de Resistencia señaló que el objetivo es lograr un mecanismo conjunto de diálogo, consulta y protocolo de intervención frente al uso de los espacios públicos y regular adecuadamente el funcionamiento interinstitucional en protesta social. “Sabemos que es un derecho y lo respetamos como tal, además de entender que existe una legitimidad en los reclamos ante la crisis socioeconómica, pero también es necesario resguardar el derecho de los demás”, explicó.
Por ello, desde el municipio se busca un protocolo de intervención para ordenar y que permita canales alternativos de circulación y comunicación transparente para atender las demandas sociales de un modo razonable. “Trabajamos en un proceso de regulación, con acciones preventivas para evitar convulsión social”, concluyó.
