La Asociación Civil utilizó una nueva herramienta en su cruzada para impedir que se concrete el proyecto inmobiliario privado sobre la costanera correntina.
Esta vez, la entidad presentó una Medida Cautelar No Innovar para que se suspenda el Plan Costero que impulsan los Gobiernos nacional, provincial y municipal. La presentación fue realizada ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativa y Electoral.
Puntualmente, piden la suspensión del permiso de obras, afectación de inmuebles, ventas de los mismos, licitaciones, contrataciones, presentación de proyectos privados o públicos, etc.
En el escrito también se señala que se ordene la paralización de desalojos, despojos de inmuebles o edificios, así como el traslado de oficinas y todo acto preparatorio formal o material del Plan Urbano Costero.
La cautelar se sustenta la puesta en venta de los inmuebles de la esquina Borgatti e Hirigoyen; el Concurso Nacional de Ideas publicado en diferentes medios de comunicación, que se basa en terrenos que comprenden el Puerto, Vías Navegables, Ex RI9 y Unidad Penal N°1.
Además, de una Resolución Municipal del año 2014 homologado por el Concejo Deliberante, que autoriza un proyecto privado de Obra de Muelle en el Puente Batería ubicado en el Parque Mitre; la existencia de un litigio judicial entre el Estado Nacional y la Municipalidad de Corrientes por los terrenos de Vías Navegables.
Finalmente, un contrato o convenio de locación servicios con la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos para la ejecución del Plan Costero por parte de la Agencia de Administración de Bienes del Estado.
“Todos estos hechos demuestran que la impugnación que hicimos a la Ordenanza que habilita el Plan Costero no es una mera declaración de voluntad, sino que constituyen una ejecución de hecho del Plan Costero con acciones preparatorios, parciales y totales sobre inmuebles y espacios históricos de la ciudad de Corrientes”, afirmó una de las abogadas patrocinantes, Sonia López.
Por su parte, el presidente de la Asamblea Ciudadana y secretario general de la CTA Corrientes, Juan González, declaró que “vamos a defender el patrimonio de los correntinos ante el intento de entregarlos a un negocio privado que será para unos pocos”.
