La titular del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACh), Orlando Charole, confirmó la presentación de un pedido de ampliación de la medida cautelar dictada en 2007, por el máximo tribunal en favor de las comunidades Qom a instancias del por entonces Defensor del Pueblo de la Nación.
Charole presentó ayer un pedido de ampliación de la medida cautelar ante la Corte Suprema con el objetivo de incluir también a las comunidades de la etnia Wichí, alrededor de 4 mil familias que habitan en la localidad de Miraflores con la provincia de Salta.
Charole aseguró tener “mucha confianza en los señores jueces de la Corte, como lo han hecho hace unos años atrás cuando nuestra gente quedó abandonada, relegada, desatendida, despreciada racialmente”. En ese sentido, recordó que “la Corte tomó una medida ejemplar para que el Poder Ejecutivo nacional y la provincia atienda a nuestros pueblos originarios”.
En 2007, el por entonces Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, había denunciado que los pueblos indígenas “se encontraban en situación de exterminio silencioso, progresivo, sistemático e inexorable”. El ombudsman había planteado, además, que las comunidades qom vivían en situación de emergencia extrema, en la que no se respetaban el derecho a la vida y a la integridad física, violándose los Tratados Internacionales de Derechos Humanos.
En aquella oportunidad, la Corte había ordenado a los gobiernos nacional y del Chaco el suministro de agua potable y alimentos a las comunidades indígenas que habitan en la región sudeste del Departamento General Güemes y noroeste del Departamento Libertador General San Martín, como así también de un medio de trasporte y comunicación adecuados, a cada uno de los puestos sanitarios.
“En esa línea, seguramente los señores jueces estudiarán nuestra presentación y estoy muy seguro que se va a tomar una decisión correcta para el pueblo Wichí, que es a quién está dirigida esta medida”, explicó Charole.
El presidente del IDACh recalcó que “dentro del derecho hay normativas internacionales, constitucionales, jurídicas que protegen nuestros pueblos que muchas veces no se cumplen, y los jueces son la voz cantante de que puedan observar estos incumplimientos que muchas veces hacen los gobiernos”.
