La Secretaría de Derechos Humanos del Chaco nuevamente actuará como parte querellante, en representación del Poder Ejecutivo provincial, luego de que el equipo fiscal N° 14 -a cargo de Beatriz Irala-, hiciera lugar, la semana pasada, al pedido solicitado en el caso de “gatillo fácil” que involucra al ex suboficial de drogas peligrosas Fernando Oscar Follmer, quien se encuentra detenido. Para el secretario de DDHH Juan Carlos Goya, “estamos en presencia de una ejecución extrajudicial”.
La Justicia investiga la muerte de Emanuel Benjamín Fernández, en manos del entonces suboficial de drogas peligrosas Oscar Fernando Follmer, ocurrida el pasado 9 de agosto, en circunstancias de un supuesto hurto de un motovehículo. Según los informes forenses, Follmer disparó por la espalda a Fernández (de 18 años de edad).
“La constitución como querellante por parte de la Secretaría, obedece a que para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, la muerte del joven, es entendida como una grave violación de Derechos Humanos ya que, se considera que ocurre una ejecución extrajudicial o arbitraria, cuando la muerte se produce como consecuencia del uso de la fuerza por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, cuando ese uso no obedece a los criterios de necesidad, racionalidad y proporcionalidad”, dice el escrito de querella.
“La extralimitación legal estuvo manifiesta por el desequilibrio de poder de hecho que se dio entre Follmer y Fernández, ya que este último se encontraba desarmado, al momento del supuesto hurto. Esta situación se encuentra bajo investigación respecto a las irregularidades en torno a posible introducción con finalidad encubridora, de un arma de fuego en la escena del hecho, cuestión que entendemos, urge aún más la intervención como parte querellante de la cartera en representación del Ejecutivo Provincial», planteó Goya en el escrito que lleva el patrocinio del abogado, Kevin Nielsen.
Estas irregularidades en torno al arma, fueron también expresadas en su momento por el Procurador General Jorge Canteros, quien había recomendado a la fiscal Irala, que de intervención a la Policía Federal para continuar con la investigación y los peritajes, ante la sospecha de que existieran más agentes de la fuerza provincial involucrados en la manipulación de la escena del crimen.
