Los representantes del Ministerio Público de la Acusación solicitaron hoy la pena de 22 años de prisión para la dirigente social Milagro Sala, en el marco del juicio oral y público denominado «Pibes Villeros», que investiga el presunto de desvío de fondos públicos que debían ser destinados a la construcción de viviendas.
La condenada solicitada por los fiscales para la líder a la Organización Barrial Tupac Amaru, es por considerarla jefa de una presunta asociación ilícita, y por ser coautora de los delitos de defraudación al Estado y extorsión.
En esta causa está imputada Sala y otros 29 acusados, entre ellos ex funcionarios provinciales y cooperativistas, por la supuesta defraudación al Estado, de unos 60 millones de pesos, presuntamente cobrados por cooperativas para construir viviendas sociales, las cuales no se habrían realizado.
Para los demás imputados las penas requeridas por los fiscales Filomena Ortiz, Diego Cussel y Liliana Fernández de Montiel, van desde los dos años con ejecución condicional hasta los 16 años de prisión efectiva.
Durante las últimas seis audiencias los fiscales intentaron develar los esquemas ideados por los integrantes de la “asociación ilícita” que con la ayuda de funcionarios provinciales y municipales operaban para extraer dineros de programas habitacionales nacionales, los cuales «fueron utilizados con otros fines”.
En esa exposición, desarrollada en el salón Vélez Sarsfield del Palacio de Tribunales, la fiscalía apuntó constantemente a la figura de Sala y “un núcleo duro” que habrían respondido a los pedidos de la dirigente social para desarrollar las operatorias.
Sostuvieron que las cooperativas jujeñas «pedían trabajo y presionaban al gobierno provincial y a los municipios» para que se les entregue tierras y así conseguir la realización de diversas obras en barrios de la capital jujeña y localidades del interior.
Solo el imputado Raúl Aguilera, hijo de la diputada provincial Mabel Balconte, obtuvo el pedido de absolución por parte de los acusadores que consideraron que en su actuación hubo en “error de tipo” por lo que fue exculpado.
Las penas solicitadas fueron: para Graciela López 16 años; Javier Nieva y María Sandra Condorí 15 años; Adriana Noemí Condorí 14 años; Marcia Sagardía y Mirta Guerrero 13 años y Mirta Aizama 10 años.
A los que se suman 10 años para Gladis Díaz, Patricia Cabana, Iván Altamirano y Miguel Ángel Sivila; la diputada provincial Mabel Balconte 9 años; para el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy Lucio Abregú y para Pablo Tolosa 8 años; Emilio Bustos y Gustavo Martínez 7 años.
Para el esposo de Sala; Raúl Noro solicitaron 5 años; José «Peruano» Choque (4 años) y dos años para Marcelo Almazana, Marcos Almazana, Joaquín Sala, Olga Tufiño, Alberto Cardozo, Juan Manuel Aguilera, Juan Manuel Nieva, Héctor Lacsi, Eduardo Sequeiros y Carlos Cruz, todos de ejecución condicional.
Durante el juicio que se inició el pasado 23 de julio declararon 104 testigos y se analizaron documentos de diversos organismos y videos que se sumaron a la investigación.
El Tribunal Oral en lo Criminal 3 de Jujuy dará continuidad a la etapa final de alegatos mañana con la exposición de las querellas integradas por los titulares de la Fiscalía de Estado y la Fiscalía Anticorrupción de Jujuy, Mariano Miranda y Joaquín Millón Quintana, respectivamente para luego dar lugar a los alegatos de los abogados defensores.
Fuente: NA
