El fiscal federal Federico Delgado pidió hoy las indagatorias de funcionarios y ex funcionarios del Gobierno acusándolos de haber renegociado desde el Estado la deuda con los fondos buitres y, como empresarios, haberse quedado con bonos y letras con ganancias provenientes de esas negociaciones.
Fuentes judiciales informaron a NA que el pedido de indagatoria es a Luis Caputo, ex secretario de Finanzas Públicas -luego presidente del Banco Central); Santiago Bausili, ex subsecretario de Finanzas Públicas y actual secretario del área, y Mario Quintana, ex secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete.
«Surge con claridad una confusión de intereses derivada de una lealtad partida. En efecto, algunos funcionarios públicos tenían compromisos específicos con algunos de los bancos que llevaron adelante la operación. Esos compromisos generan un grado de sospecha sobre su imparcialidad, porque esa historia incidió en algunas de sus decisiones que debieron estar guiadas por el interés general, pero que terminaron beneficiando a sus ex empleadores», evaluó Delgado en su dictamen presentado ante el juez federal Sebastián Casanello.
En ese sentido, Delgado consideró que los funcionarios denunciados «aprovecharon la ventaja derivada de su posición estratégica en el sector público y tomaron decisiones de inversión personales en base a información que conseguían a partir del conocimiento de las políticas que ellos mismos iban a adoptar».
Por otra parte, también hizo referencia al contexto de la renegociación con los tenedores de bonos que no ingresaron a los dos canjes de deuda que hubieron durante el kirchnerismo, y que se los conoce como «holdouts».
«Como resultado de todo ese proceso se emitieron nuevos títulos de deuda denominados -BONAR- para afrontar el pago de los acuerdos que arribó a los U$S12.500 millones, aunque se elevó a la suma de los U$S16.500 millones», expresó el fiscal.
«Los títulos fueron cedidos a bancos extranjeros como garantías para la obtención de fondos externos», según el fiscal.
«En lo que aquí interesa, vamos a destacar la intervención del Deutsche Bank y el J.P. Morgan», ya que el Banco Central argentino informó que «esas operaciones trajeron aparejadas ganancias para los bancos designados, tanto en concepto de comisiones como en el posterior canje de aquellos títulos en el mercado secundario».
«El 20 de febrero pasado se recibió el informe confeccionado por la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial de la Nación, donde se muestra la estructura de una determinada cantidad de títulos de deuda pública emitidos por el Estado, por una parte, y por la otra, las tenencias que ciertos funcionarios públicos poseen sobre algunos de esos valores», remarcó Delgado.
«La biografía laboral de los funcionarios representa un elemento central para desentrañar si en los comportamientos investigados surge una negociación incompatible con el ejercicio de la función pública», agregó.
En ese sentido, especificó que Caputo «entre junio y septiembre de 2018 se desempeñó como Presidente del Banco Central de la República. Antes de eso fue designado como Secretario de Finanzas de la Nación en diciembre de 2015, cargo que desempeñó hasta enero de 2017 cuando asumió como Ministro de Finanzas».
«Previo a ello, según se pudo reconstruir en la causa, Caputo trabajó en J.P. Morgan Argentina. Allí fue jefe de área de Trading de bonos y acciones y tuvo a su cargo el área de Trading de América Latina (1994-1998). Deutsche Bank. Desde junio del año 1996 hasta por lo menos el mes de septiembre de 2012, donde llegó hasta el puesto de Presidente de la institución en el país. A su vez, formó parte de las sociedades LC Advisors y Axis Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión» desde por lo menos el 2011 hasta el año 2015 -en el último de los casos» y habría manejado fondos de las siguientes sociedades ‘off shore’ : Alto Global Fund, Argentina Fund, Noctua Partners LLC, Noctua Asset Managment y Affinis Partners II, LLC», subrayó.
Para Delgado, «lo relevante es que las biografías laborales de los imputados incidieron objetivamente en el ejercicio de la función pública».
«Por ello su lealtad, que debía estar solo guiada por los intereses generales del Estado, se vio dividida. Y como resultado de esa división, ganaron los bancos citados y se incrementaron sus patrimonios personales», agregó.
Fuente: Noticias Argentinas
