Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Sergio Torres y con prisión preventiva.
«El grupo criminal, al menos desde el año 2010 y hasta la fecha, habría coordinado su accionar para que, en las causas o asuntos sometidos a la competencia de aquellos funcionarios públicos, sean dictadas resoluciones o se omitan o demoren las que debían adoptarse, con la finalidad de beneficiar a las personas sospechadas de haber intervenido en actividades de narcotráfico, a cambio de la percepción de dádivas o cualquier otro tipo de beneficio o promesa indebida de su parte», sostuvo el juez.
Junto con Soto Dávila fueron procesados los secretarios del juzgado de Corrientes Pablo Molina y Federico Grau, los abogados Duylio Barboza Galeano, Gregorio Giménez, Tomás Viglione, Jorge Vallejos y Omar Serial, y el ex intendente en los 90 de la localidad correntina de Empredrado Juan Manuel Faraone. Todos están presos desde principio de mes en cárceles federales excepto uno de los abogados que declaró como arrepentido y luego fue liberado (su identidad se mantiene en reserva por cuestiones de seguridad). Serial y Faraone ya estaban detenidos en una causa por narcotráfico.
Quien tampoco está detenido es Soto Dávila ya que como juez tiene fueros de detención. El Consejo de la Magistratura de la Nación -el órgano encargado de analizar el desempeño de los jueces- lo citó para febrero a que de explicaciones. Luego de eso podrá suspenderlo en el cargo para que sea sometido a juicio político y así perder los fueros. Allí podría ser detenido. El juez Torres le comunicó al Consejo el procesamiento.
La prueba central de los procesamientos fueron escuchas telefónicas, la declaración de siete arrepentidos y de tres testigos de identidad reservada y el análisis de las resoluciones de Soto Dávila en las causas de narcotráfico. De allí surgen fallos contradictorios con la prueba de las causas y con valoraciones distintas de otros expedientes ante los mismos hechos. Además, la contemporaneidad de los beneficios con los pagos de las coimas que declararon los arrepentidos.
«Saqué un dorado y quiero convidarte», le dijo Faraone a Soto Dávila, según la declaración de un arrepentido que aseguró que «esa era la manera que ellos tenían para saber que estaban hablando de un ´arreglo´, de un negocio con una causa». En esa caso se buscaba la libertad de Lourdes Alegre, esposa de Federico «Morenita» Marín, un jefe narco de la zona de Itatí, en Corrientes. Luego Faraone y Soto Dávila se reunieron en la casa del juez.
En una escucha telefónica, un narco apodado «Chavito» le dice a otra persona que tiene una causa abierta en Corrientes y que si el juez es Soto Dávila «no pasa nada»: «Yo tengo un abogado ahí que se está moviendo y que mis papeles pasan para Soto Dávila, si pasan para Soto Dávila que es piola que es el Juez piola este de Corrientes, ese si le tiran una punta y se arregla, viste. Si es Soto Dávila no pasa nada viste, le tirás unos pesos se arregla».
Según la causa judicial, las coimas comenzaban en los 15 o 30 mil pesos hasta cifras más elevadas como 300 mil y a veces en dólares.
El abogado arrepentido contó seis hechos de pago de coimas a Molina, uno de los secretarios del juzgado de Sóto Dávila. «Fueron muchos los hechos de ‘arreglos’con Molina por liberados y él me decía ´mirá que yo tengo que juntar para el viejo´», en referencia a Soto Dávila, dijo el arrepentido.
La resolución judicial de Torres señala que Soto Dávila y el resto de los acusados beneficiaban a tres bandas narcos de Corrientes que traían marihuana desde Paraguay para luego vender en la ciudad de Buenos Aires. En una de ellas participaban el el intendente de Itatí, Natividad Terán, y el vice, Fabián Aquino, junto con oficiales de la Policía Federal y Gendarmería Nacional. Fueron detenidos en marzo del año pasado.
«Soto Dávila, conjuntamente con sus secretarios penales, Grau y Molina, presentaron la connivencia que los convierte, junto con el resto de los funcionarios bajo juzgamiento, en los responsables del próspero momento que ha vivido el negocio del tráfico ilícito de cannabis sativa en el litoral argentino, más precisamente la provincia de Corrientes», sostuvo el fiscal Diego Iglesias, titular de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en uno de sus dictámenes del expediente.
El juez fue indagado y negó las acusaciones. A través de un escrito dijo que nunca pidió plata para dictar un fallo.
«Soto Dávila resulta ser el ´jefe´ de la agrupación en tanto, a través de su tarea como magistrado a cargo de las investigaciones por narcotráfico, es quien dictaba, retardaba u omitía los actos jurisdiccionales para beneficiar a las personas sospechadas de actos de tráfico ilícito de drogas, es decir que por su rol en la actividad judicial, es quien tenía la facultad de decidir sobre los hechos que iba a llevar la organización y establecer las condiciones en que los mismos iban a ser ejecutados, y desde allí, proporcionar las directivas a los demás integrantes de la banda para que adecúen su accionar a tales efectos», sostuvo el juez Torres.
Sobre los secretarios del juzgado Molina y Grau, el fallo señala que «encargaban de brindarle asistencia» a Soto Dávila. Y respecto de los abogados y Faraone que eran «los responsables de coordinar y posibilitar la entrega de las dádivas».
Soto Dávila y los secretarios fueron procesados por los delitos de asociación ilícita, cobro de sobornos y prevaricato (que es dictar sentencias contrarias a derecho). Los abogados como integrantes de la asociación ilícita y por el pago de coimas. Soto Dávila fue acusado de ocho hechos de sobornos.
