El proyecto, que ya está redactado y el Ejecutivo girará al Congreso para que se trate en sesiones extraordinarias, dispone medidas para los menores que cometen delitos independientemente de la edad.
El jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, Martín Casares, aseguró hoy que el Gobierno está “dispuesto a negociar” y obtener un “consenso fuerte” para el tratamiento y aprobación de un proyecto de sistema de responsabilidad penal juvenil.
“Hemos tomado la opinión de muchos sectores, de ámbitos académicos y judiciales, de especialistas en la materia, y tratamos de conseguir consenso fuerte para que la ley sea tratada y aprobada”, manifestó Casares.
“El tema más álgido, no se si el más importante, es el tema de la edad de imputabilidad. Estamos dispuestos a consensuar, a negociar, y a adecuar la ley de responsabilidad penal juvenil”, añadió en declaraciones formuladas esta mañana a radio La Red.
El funcionario destacó que en 2017 se constituyó una comisión de especialistas que preparó un primer proyecto de lo que se denomina sistema de responsabilidad penal juvenil.
“Tenemos que ir hacia un sistema que implique un cambio de paradigma centrado en la responsabilidad de los adolescentes que cometen delitos. Queremos cambiar el paradigma de respuesta y solución que el Estado da al menor que delinque”, señaló.
“Debemos dar una respuesta pronta, anticipada, en la cual esos chicos puedan tener un tratamiento, se les pueda aplicar una medida socioeducativa en el primer delito que comete”, agregó.
Casares explicó que, además de la baja en la edad de imputabilidad, el proyecto intenta que un equipo interdisciplinario pueda ofrecer un plan personalizado de seguimiento y monitoreo para los casos de menores reincidentes.
Asimismo destacó que actualmente rige en la Argentina un decreto ley de la época de la dictadura (1980) que no resulta eficaz en términos de prevención y tratamiento de la sanción, como tampoco es respetuoso de los derechos y garantías.
“Estamos con una ley que además de ser antigua es una deuda pendiente de la democracia y no da una buena respuesta en términos de eficacia ni de derechos constitucionales”, señaló.
“Estamos creando una imputabilidad penal a los 15 pero imputabilidad administrativa a cualquier edad; no importa la edad del menor que cometa el delito, inmediatamente entra a un régimen socioeducativo terapéutico y se lo va a tratar para que no siga en las conductas disvaliosas que lo llevan a matar o morir”, planteó Bullrich en declaraciones radiales.
