La diputada nacional Lucila Masin repudió el nuevo sistema comprobación de datos dispuesto por el ejecutivo nacional para las pensiones por invalidez.
«El gobierno que no les toca un centavo a los que especulan, a los que fugan, a los que lucran con los tarifazos, sabemos que lo que quieren es seguir quitando derechos» repudió la legisladora chaqueña.
“La cruzada siempre es con los más débiles, nunca con los poderosos y amigos del poder. Mienten hablando de sanear las cuentas públicas, mientras pagamos intereses exorbitantes en concepto de deuda externa, adquirida por el gobierno de Cambiemos” afirmó.
El viernes 1 de febrero la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) oficializó la resolución 39/2019 que aprueba el circuito de confección del Certificado Médico Oficial, por el que los titulares de pensiones deberán acercarse a un establecimiento público de Salud que deberá culminar con un trámite online para revalidar el cobro de pensiones.
La diputada nacional adhirió al comunicado de Red en Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) en el que repudian “otro avance del gobierno sobre los derechos de las personas con discapacidad”, fundamentan que “se exige a la persona con discapacidad pruebas y se siembran barreras administrativas porque la voluntad política está cifrada en una inclusión discursiva pero no en los hechos.”
“Son medidas antidemocráticas. Utilizan decretos y disposiciones a espaldas de los individuos involucrados”, declaró la diputada nacional.
La REDI en palabras de su vocera Vanina Suleiman en una entrevista cedida a Página 12, propuso al Gobierno “ponerse a legislar la protección social de las personas con discapacidad, teniendo en cuenta que hay proyectos en la Cámara de Diputados, como el de la legisladora Lucila Masín». “Les pedimos también que se revea la Agencia, que fue creada por un DNU, y reclamamos que haya una perspectiva de derechos humanos, que hoy no hay” aclaró la abogada.
El recorte a las personas con invalidez es uno de los objetivos que persigue la administración de Mauricio Macri desde el primer día de gestión. En 2017 la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, dio de baja 170 mil pensiones por invalidez, medida que luego fue rechazada por el Poder Judicial. El Ejecutivo apeló el fallo de la jueza Adriana Cammarata, que le exigía restituir en un plazo de diez días todas las pensiones, y estableció que todo aquel que hubiera sido notificado de una baja, se presentara a realizar nuevamente el trámite.
Sobre el proyecto de ley presentado:
En 2018, Masin presentó junto al diputado rionegrino Martín Doñate un proyecto de ley para garantizar a las personas con discapacidad el derecho a recibir pensiones no contributivas (0488-D-2018), que aún espera ser tratado en la comisión de Presupuesto.
Mediante este proyecto, respaldado por asociaciones de y para las personas con discapacidad se busca dejar sin efecto el decreto 432/97, basado en una visión médico asistencialista y actualizar nuestra legislación a la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad con una visión social e integral con perspectiva de Derechos Humanos.
La diputada nacional también presentó un proyecto (5880-D-2018)para derogar el DNU 698/2017 de creación de la AnDis (Agencia nacional de discapacidad) y crear la Agencia Nacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ANADEDI) como un órgano descentralizado con autarquía económica.
