La Justicia del Trabajo de Resistencia el día 13/02/19 decretó una medida cautelar, ordenando al Ministerio de Educación a que acepte la intervención de Sitech Federación en la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo 2019, sin el requisito de presentar certificación de autoridades emitidas por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación.
Recordemos que a principios del corriente año, desde las esferas gubernamentales se expresaban en los medios de comunicación sosteniendo que no aceptarían la intervención de ningún sindicato en la discusión salarial que no presentara la nombrada certificación de autoridades, lo que fue además ratificado por escrito ante una presentación realizada por la Federación.
En primer lugar hay que señalar que este último no es un requisito que se encuentre establecido en el artículo 47 del estatuto del docente para poder participar de la negociación, y a su vez en la práctica es imposible –salvo para un gremio afín al gobierno de turno- conseguir que el Ministerio de Producción y Trabajo las entregue, dificultando enormemente el accionar de las organizaciones gremiales.
Esta situación no puede ser desconocida por el Ministerio de Educación, quien intentó escudarse en ello a sabiendas de que prácticamente ningún sindicato, que compone el Frente Gremial podría conseguirlo, con la finalidad de frustrar la negociación salarial próxima a iniciarse y sentarse a negociar, solamente con algunos sellos amigos del gobierno.
Siendo que la negociación colectiva constituye una herramienta para evitar el conflicto y por lo tanto debe ser protegida y fomentada desde el Estado, más aún cuando es el empleador, la decisión de no sentarse a discutir salarios y demás condiciones de trabajo constituye una imposición de la confrontación desde el Ministerio de Educación.
Por tal motivo fue que SITECH Federación se presentó ante los Tribunales del Trabajo solicitando el dictado de la medida a fin de no frustrar la discusión salarial, ya que además es conocido, como se viene sosteniendo, que prácticamente ninguna entidad sindical tiene en su poder (las que componen el Frente Gremial) la certificación de autoridades.
El fallo judicial destaca numerosas normas nacionales e internacionales que protegen el derecho de los sindicatos a negociar condiciones de trabajo de sus representados, y señala que la certificación de autoridades no se encuentra establecida en el estatuto del docente como un requisito para poder participar de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo.
De esta manera se intenta poder entablar una negociación seria que permita lograr una recomposición salarial digna ante la continuidad de la pérdida del salario real que se viene produciendo año tras año, y de esa manera evitar la confrontación.
Ante la decisión estatal de no negociar y decidir confrontar, esta medida judicial constituye el primer paso para que en el presente año se puedan reiniciar las negociaciones que tendrán a la Federación como uno de sus integrantes en defensa de los derechos de los docentes, sin que ello signifique avalar la pretensión del gobierno de dividir al Frente Gremial, por lo que requerimos que a partir de esta sentencia y sin dilación se convoque a la Comisión de Política y Condiciones de Trabajo al Frente Gremial Docente.
