La violencia de género es un flagelo que ha estado presente entre nosotros desde el inicio mismo de la historia de la humanidad. Si bien en las últimas décadas han habido importantes avances y cambios sociales en torno a esta problemática, lamentablemente y pese a todos los esfuerzos, las cifras de violencia hacia las mujeres siguen en aumento.
No es una cuestión de estratos sociales, no distingue círculos económicos ni intelectuales, y requiere del serio compromiso de trabajar en forma conjunta y articulada entre la ciudadanía y las diferentes entidades públicas y privadas involucradas con la temática, para lograr prevenirla y progresivamente erradicarla, puesto que las víctimas tienen derecho a servicios sociales, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral.
No podemos permitir que más mujeres sigan siendo lastimadas y asesinadas, que más niños sigan quedando huérfanos y familias enteras destrozadas; que se siga germinando en los niños la semilla del miedo, del desamor, que se los siga afectando en su salud física, psicológica y emocional, que se siga naturalizando y repitiendo generación tras generación este círculo de violencia y muerte. La violencia es cobardía y debe terminar.
Existen una gran cantidad de casos que no se denuncian, por diversos motivos, temor, vergüenza o desconocimiento de los medios existentes para pedir ayuda. Estamos frente a un problema social complejo, con el agravante que en muchos casos, el hombre al que eligieron para compartir la vida, el padre de sus hijos, es el que las insulta, las agrede, las golpea, en un acto cobarde, deliberado de maltrato, por lo tanto es un acto que constituye un delito y como todo delito tiene su correlato en una sanción.
Sólo a través de un cambio de ciertos patrones culturales de violencia, que se viven en todos los órdenes sociales y en distintas interacciones, va a ser posible lograr avances. Estamos librando una de las batallas más importantes de estos tiempos: la batalla contra la violencia de género; porque sabemos que está instalada en nuestra sociedad, la sociedad del mundo todo, la Argentina y en nuestras ciudades, en nuestro suelo chaqueño.
Tanto a nivel Nacional como Provincial tenemos una importante legislación en la materia y debemos trabajar para que se cumpla efectivamente. También somos conscientes que por más nueva normativa que se sancione, por más que la justicia pueda actuar rápida y efectivamente ante las situaciones violentas si no se acompaña con un gran cambio cultural y mental de la sociedad, no se podrá cambiar este estado de situación que nos muestra como una sociedad retrasada, que sigue infringiendo un derecho humano fundamental contra las mujeres que es el respeto a su vida, y que nos aleja del objetivo de igualdad y justicia social.
No es un tema aislado, está instalado en todos los ámbitos y nos marca a todos, porque ante cada nueva víctima de violencia, fracasamos como sociedad.
La violencia de género, sin dudas, hunde sus raíces en la desigualdad entre hombres y mujeres, en la relación de subordinación de género, reflejo de una sociedad con rasgos machistas y patriarcales arraigados que debemos poner fin si queremos alcanzar la igualdad real.
Hace 15 o 20 años era un problema de ámbito privado, formaba parte de la casa, de lo doméstico y el ámbito de la libertad de las personas, un tema de pareja donde no había que meterse. Y de esta manera, todos consentíamos la violencia sobre las mujeres.
Todo esto ha ido cambiando gracias a la lucha de muchas mujeres. Pero si queremos que esto desaparezca por completo debemos comprometernos y trabajar más firmemente, atacar las patologías, invertir recursos y esfuerzos sociales y políticos urgentes en la prevención, vital para el cambio de concienciación que hay que seguir generando en nosotros.
Por todo ello, solicitaré a la Legislatura declarar con fuerza de Ley la Emergencia por Violencia de Género en todo el territorio Provincial, la que se extenderá por el término de dos años, con el objetivo de implementar una política estratégica y coordinada entre los distintos estamentos del Estado, orientada a la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género en todas sus manifestaciones.
La declaración de emergencia comprenderá en particular, la adopción de las siguientes medidas:
1) Aumento presupuestario destinado a fortalecer los servicios estatales sociales, educativos, sanitarios y judiciales existentes, que atienden la problemática de la violencia hacia las mujeres y crear otros nuevos, garantizando que las demandas de las mujeres puedan ser resueltas de manera oportuna, eficiente y eficaz.
2) Campañas de difusiones masivas, destinadas a que las mujeres puedan conocer cuáles son sus derechos, los programas y políticas existentes, los servicios estatales a su disposición, los procedimientos a seguir en caso de ser víctimas de violencia de género y las acciones judiciales y administrativas que puede entablar.
3) Apoyar e incrementar las compañas institucionales de sensibilización que contribuyen a fomentar la concientización ciudadana para la construcción de una sociedad sin violencia. Las escuelas deben ser un eje de intervención primario de estas campañas, garantizando un sistema educativo donde se establezcan relaciones de género basadas en el respeto, la igualdad y la no violencia. Desde pequeños, nuestros niños deben ser conscientes que la violencia es inaceptable.
4) Capacitaciones teóricas y prácticas permanentes obligatorias para el personal policial, judicial, fuerzas de seguridad, salud, educación y desarrollo social, sobre temática violencia de género, respetando los principios consagrados en nuestra Carta Magna y Tratados Internacionales.
5) Mejoramiento y capacitación para profesionales de centros sanitarios, para lograr la identificación precoz de la violencia de género, y ayudarlas a hacer la denuncia.
6) Aplicación urgente de dispositivos electrónicos (tobilleras electrónicas) para agresores sexuales que incumplen medidas judiciales. Estos dispositivos de geo-localización permitirán monitorear en tiempo real que las órdenes judiciales que establecen perímetros de protección sean cumplidas. Esto posibilita que las victimas puedan retomar sus tareas cotidianas bajo la protección del Estado.
7) Ayuda económica mensual para mujeres víctimas de violencia por un término de seis (6) meses.
8) Arbitrar los medios necesarios para lograr un cupo de viviendas en los planes de construcción del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) u otro organismo estatal para las mujeres víctimas de violencia de género, dando prioridad a aquellas que tienen hijos a su cargo.
9) Incrementar la empleabilidad de mujeres en situación de vulnerabilidad o de riesgo; fomentar programas para incorporar el emprendimiento femenino o el autoempleo destinados a fortalecer su autonomía económica, debido a que en muchos casos existe dependencia económico entre agresor – agredida y eso hace que ni siquiera se atrevan a denunciar.
10) Elaborar una estadística provincial de casos de violencia de género y femicidios, a fin de diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas adecuadas para prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer. Al contar con esta información podremos visualizar la ruta crítica de la violencia y evaluar la respuesta otorgada por los recursos públicos.
11) Construir en todo el territorio provincial refugios para albergar a las víctimas de violencia de género, durante un tiempo limitado, siempre que la permanencia en su domicilio signifique un riesgo o no pueda garantizarse su integridad psico-física o sexual.
12) Creación en las distintas localidades de la Provincia de Casas de Encuentro, coordinando acciones con las organizaciones civiles, avocadas a la prevención y promoción de derechos.
13) Otorgar tanto a la víctima como al victimario y su grupo familiar el adecuado tratamiento psicoterapéutico, con el objetivo de ayudarlos a romper los pactos de silencio. La violencia contra la mujer no es excusable, no es tolerable en la sociedad actual.
14) Fortalecer en el ámbito rural los servicios de prevención y asistencia a las víctimas de violencia de género, garantizando su accesibilidad.
15) Creación de un Observatorio Provincial de Violencia contra las Mujeres, que en un trabajo articulado con las distintas Universidades, tendrá por objeto desarrollar un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y monitoreo de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.
Con la Declaración de Emergencia por Violencia de Género vamos a poder invertir más tiempo y esfuerzos para lograr una cultura de respeto, para que las mujeres se sientan libres y seguras.
Pongo mi compromiso y dedicación en esta problemática, porque en la medida en que el rechazo sea más contundente, en un trabajo constante, articulado y sistemático, podremos transformar nuestra sociedad.
