La Fiscalía Federal N° 1 de Corrientes y la Procelac sostienen que los integrantes de la entidad se enriquecieron de forma irregular tras la venta de un inmueble en 2015.
En ese sentido, desde la Justicia consideran que formaban parte de una “banca de hecho” que no contaba con el permiso del Banco Central.
Los involucrados serían responsables de darle apariencia de licitud a 3 millones de pesos relacionados con una operación comercial de un inmueble.
La Fiscalía Federal N°1 de Corrientes y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) solicitaron el procesamiento de tres personas acusadas de ingresar al mercado legal bienes provenientes del delito de intermediación financiera no autorizada, a través de la Cooperativa de Crédito y Servicios Pyramis.
El pedido formulado por el Ministerio Público Fiscal -a través del fiscal federal correntino Flavio Ferrini y la cotitular de la Procelac, María Laura Roteta- sostuvo que los elementos probatorios recolectados “permiten confirmar -con el grado de probabilidad requerido para esta etapa del proceso- la hipótesis inicial investigada”: la aplicación de fondos de origen delictivo a la operación de compra-venta de un inmueble ubicado en la calle Pago Largo al 900, en la capital provincial, disimulando así la fuente real de los fondos y dándole apariencia de licitud.
La sospecha
El MPF señaló que el 12 de febrero de 2015, Mario Giudici adquirió el inmueble por casi tres millones de pesos a través de la firma San Francisco Agropecuaria S.A. De acuerdo a la acusación, la actuación del hombre “permitió ocultar una relación crediticia existente” entre el vendedor “y la COOPERATIVA PYRAMIS que formaba parte del conjunto de actos ilícitos de intermediación financiera no autorizada desarrollados por la entidad. Esto es así porque la venta del bien inmueble de la calle Pago Largo a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. tuvo como objeto la cancelación de una deuda” que se había contraído con la mencionada cooperativa, de la que Giudici formaba parte como síndico suplente.
Apenas once días después -el 23 de ese mes-, también mediante San Francisco Agropecuaria, la propiedad fue vendida a Mario Argentino Boschetti a cambio de 3 millones en efectivo. De acuerdo al MPF, Boschetti era vocal suplente de Pyramis. El contador Oscar Belén Cassani certificó las firmas del boleto de compra-venta.
“Esta operación de compra-venta le sirvió a la firma SAN FRANCISCO AGROPECUARIA S.A. para justificar fondos ilícitos”, ya que el primer vendedor “no recibió dinero como contraprestación por la venta del inmueble, sino que se trató de un acto simulado por la suma de $1.500.000 en efectivo y la asunción de la hipoteca que pesaba sobre el bien”. Con la segunda operación, “la firma presidida por Giudici pudo generar un saldo a favor de $3.000.000, mientras que el comprador convirtió sus fondos ilícitos en el bien inmueble en cuestión”.
Por esos motivos, los fiscales pidieron los procesamientos de los imputados por el delito de lavado de activos; Giudici y Boschetti en calidad de coautores y el contador Cassani como partícipe necesario. Sobre este último, el MPF resaltó que “ha sido escribano de Pyramis en varias oportunidades, conforme la documentación agregada en la causa 6354/16 que fue elevada al Tribunal Oral de esta ciudad, por lo que mal podría desconocer cómo era el funcionamiento de la cooperativa y sus negocios ilícitos, y cuya función podría tener relevancia en un eventual juicio penal”.
El informe de la Justicia
El dictamen recuerda que los integrantes de la Cooperativa de Crédito y Servicios PYRAMIS fueron procesados por el delito de intermediación financiera no autorizada -art. 310 del Código Penal-, por haber captado, desde el año 2012 hasta al menos octubre de 2015, “fondos del público, los que fueron posteriormente utilizados para el otorgamiento de préstamos, descuento de cheques, la realización de operaciones cambiarias, entre otras, cuando dicha cooperativa carecía de autorización por parte del Banco Central de la República Argentina”.
“Mediante este accionar, obtuvieron alrededor de $68.500.000 provenientes de personas ajenas a la entidad y capitalizaron intereses por más de $9.500.000, lo que permitió acreditar el montaje de una verdadera ‘banca de hecho’ con, al menos, 212 clientes confirmados”, explicaron Ferrini y Roteta.
En esa línea, agregaron que los frutos de la actividad ilegal no sólo fueron empleados para sostener y retroalimentar “el funcionamiento ilícito de la Cooperativa PYRAMIS, sino que también se canalizaron hacia la economía formal con la finalidad de disimular su ilicitud de origen y así facilitar a las personas físicas investigadas su mejor disfrute”.
