En el marco del Día internacional de la lucha contra el maltrato infantil, la Diputada Claudia Panzardi, autora del primero de varios proyectos de Ley tendientes a declarar la Emergencia en materia de abuso sexual contra niñas, niños y adolescentes destacó el arduo trabajo realizado junto a autoridades y médicos del Hospital Pediatrico Dr. Avelino Castelan.
“Nos hubiera gustado llegar a este día con la ley sancionada, debido a que la violencia hacia niñas niños y adolescentes es un problema presente en nuestra sociedad. El abuso sexual infantil es la forma de violencia más extrema, constituyéndose como un ataque al cuerpo, a la sexualidad, a la persona, a su integridad, dignidad y libertad. Produce un arrasamiento psicológico que deja profundas marcas, siendo su atención inmediata y reparación, responsabilidad pública”.
A través de la presentación del proyecto de ley número 671/19, pretendemos instrumentar acciones que reviertan el contexto en el que se ultrajan derechos fundamentales de niñas, niños y adolescentes.
Declarando la Emergencia en todo el territorio de la provincia de Chaco en materia de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes, por el término de dos años a efectos de concretar una política estatal vinculada al acceso a justicia de las víctimas o testigos de delitos sexuales y con ello, paliar y revertir la angustiosa situación que padecen las víctimas de semejante flagelo.
a) Para ello se deberán diagramar políticas públicas tendientes a posibilitar la actuación interinstitucional para la prevención y protección, articulando acciones, e intercambiando información, efectuando un seguimiento y brindando la asistencia social, médica, psicológica y educativa durante todo el proceso que contribuyan al bienestar infantil;
b) Destacar que en las estrategias resulta fundamental su detección temprana y la capacidad de identificar el derecho vulnerado, resguardando los principios de interés superior del niño, derecho a no ser discriminado, a ser escuchado y que su opinión sea tenida en cuenta y en definitiva derecho a la vida, supervivencia y desarrollo, considerando no solo desde el punto de vista del derecho de niñas, niños y adolescentes a la vida y la supervivencia, sino también en relación con su derecho al desarrollo, interpretado como concepto holístico que abarca el desarrollo físico, mental, espiritual, moral, psicológico y social;
c) Enfatizar en la concientización en toda la sociedad respecto a la importancia de colaborar en la detección temprana de situaciones de abuso niñas, niños y adolescentes, garantizando la confidencialidad en su aporte a las autoridades competentes;
d) Llevar adelante una exhaustiva capacitación y actualización permanente de manera integral y específica según cada área de actuación, en instituciones educativas, hospitales y centros de salud en todo el territorio provincial;
e) Dar tratamiento interdisciplinario ante cada situación y evitando la revictimización de los menores afectados;
f) Robustecer el vínculo con organizaciones civiles para colaborar con los organismos públicos a fin de ampliar la gama de posibilidades que favorezcan la detección temprana de las situaciones a que se refiere la presente;
g)Confeccionar indicadores y estadísticas en materia de abuso sexual en niñas, niños y adolescentes;
Las estadísticas existentes marcan un aumento de afecciones en la salud de la población originadas por la violencia sexual a la que son sometidos niñas niños y adolescentes, culminando estas cada vez más frecuentemente en problemas de salud que deben ser atendidos por el Estado a largo plazo.
Estos problemas van en desmedro de la calidad de vida de la víctima por un lado y por el otro, a mayores gastos en los que incurrirá en el tiempo el Estado para el tratamiento de afecciones asociadas a largo plazo, algo que pudiera evitarse con una intervención temprana, efectiva y de calidad por parte del sistema de salud y las diferentes entidades implicadas en el sistema de protección.
Dentro de estos problemas, se destacan los embarazos secundarios a violaciones sufridas por niñas y adolescentes, que cuando no culminan en una interrupción legal, prosiguen su curso como embarazos no intencionales, constituyéndose como un factor de riesgo para el maltrato infantil en el niño por nacer; además de las complicaciones y condicionamientos que padecen las madres niñas en su desarrollo ya que éstas tienen cuatro veces más riesgo de muerte durante el embarazo comparada con mujeres de mayor edad, también se enfrentan a mayores dificultades en el desempeño escolar, aumentando la deserción escolar, entre otros.
Es de importancia resaltar que en una provincia donde el índice de natalidad es elevado y el porcentaje de Madres menores de 15 años es uno de los más altos del país, nos obliga a plantearnos la violencia sexual como una de sus causales, es una problemática silenciada y no denunciada en la mayoría de los casos.
Es de vital importancia el tratamiento de la violencia de manera articulada con los diferentes estamentos gubernamentales a fin de llevar adelante medidas para la recuperación y restauración en el tiempo del estado de salud, la protección y el acceso a la justicia por parte de la víctima; la prevención a través de la instauración de actividades conjuntas para la promoción de la “no violencia” en toda la población.
“En esta fecha queremos destacar además el arduo e importante trabajo que lleva adelante el SAINNAVV, Servicio de Atención Integral a Niñas Niños y Adolescentes Víctimas de Violencia de nuestro Hospital Pediátrico. Quienes se ocupan de abordar la temática maltrato infantil, respondiendo no sólo en la detección y al diagnóstico, sino también, a la toma de decisiones, al seguimiento de casos a través de una sólida organización. La misma tiene como fin no sólo realizar con calidad el abordaje inicial del maltrato y abuso, sino también, darle continuidad a la atención con el seguimiento médico que corresponda durante los primeros seis meses posteriores al diagnóstico; elaboración de informes, registros de controles médicos, psicológicos. Además, establecer un sistema de contrarreferencias que forje el trabajo articulado con diferentes Hospitales de la provincia; como así también, con organismos externos llámese Poder Judicial y Ejecutivo responsables de tomar las medidas necesarias de protección para la víctima.
