Autoridades del Ministerio de Gobierno se reunieron con el propósito de definir lineamientos para políticas de protección de víctimas de toda la provincia.
Por disposición del gobernador, Domingo Peppo, la ministra de Gobierno, Justicia y Relación con la Comunidad, Jessica Ayala, junto con la directora general de Defensa de la Democracia y el Ciudadano (DDC), Marcela Acquisgrana, se reunieron con el procurador general adjunto Miguel Fonteina y los fiscales Jorge Cáceres Olivera, Héctor Valdivia y Daniela Soledad Meiriño. El objetivo del encuentro fue el de continuar con políticas de protección a las víctimas de violencia en toda la provincia.
En el encuentro se analizó forma de entrega y funcionamiento de los botones antipánico y proseguir con las acciones en conjunto de todos los entes involucrados, para no solo contener a las víctimas de forma inmediata; sino también el abordaje de la prevención del hecho y someter a un tratamiento al victimario.
A su vez, la funcionaria explicó: “En el próximo encuentro analizaremos la puesta en funcionamiento de una nueva aplicación de botones de pánico y un convenio a través de la secretaria de transporte. Debido a que las víctimas que vienen desde el interior no poseen los medios para el traslado y de esta manera pueda contar con uno”.
Por su parte, Acquisgrana, indicó: “la reunión fue muy provechosa porque pudimos juntar poder judicial, ejecutivo, la policía del Chaco y una organización de asociación civil. Todos con un mismo objetivo que son las víctimas de violencia de género, también avanzamos en cuestiones técnicas y operativas”.
Aporte de la justicia
El procurador general, Fonteina, destacó el encuentro al tratarse la temática de violencia de género que preocupa a toda la población del Chaco y la Argentina.
“Este tipo de trabajo en conjunto y articulado que no se ven en otras provincias; vamos a continuar realizando a través de tareas con el poder ejecutivo, poder judicial, el ministerio publico fiscal y las asociaciones civiles para abordar la temática para brindarle mayor seguridad a las víctimas” detalló.
Asimismo, el fiscal Cáceres Olivera aseguró que este tipo de trabajos es importante porque permite realizar un estudio para brindar mejor servicio y un acceso rápido de la justicia a las víctimas.
Finalmente, la agente del Ministerio Público, Daniela Meiriño indicó que este tipo de encuentro aporta a la investigación que realizan los profesionales sobre este tipo de flagelo. “Desde marzo hasta la fecha han ingresado en la fiscalía más de 250 denuncias. Estas acciones empoderan a las víctimas para poder visibilizar este problema y las ayuda a denunciar situaciones que ya padecían hace mucho” concluyó.
Decreto
A través del decreto 3188 de diciembre del año pasado, se aprobó un protocolo de implementación del botón antipánico. El ministerio de Gobierno tiene a su cargo el seguimiento del dispositivo, entrecruzando datos con las oficinas comprendidas en la materia. Para eso se contacta a la víctima, y se le consulta: si lo tuvo que activar, si está teniendo acompañamiento psicológico, si tiene asesoramiento, si la policía procedió rápido, si tiene algo que decirle a la fiscalía o al juzgado que le ordenó la entrega del botón. Con esa información se prepara un informe y se eleva al juzgado que dispone la medida de protección.
