La Cámara Primera en lo Criminal, a cargo de Lucia Ester Martínez Casas, condenó a 17 años de prisión a Miguel Ángel Frutos, tras ser denunciado 25 años después de haber cometido delitos de abuso sexual sobre una mujer cuando tenía 6 años. El caso marcó un precedente en la provincia.
El martes 18 de junio, Chaco se convirtió en la primera provincia en la que una sobreviviente de ASI (Abuso Sexual en la Infancia), accede a la justicia desde la vigencia de la ley 27.206 “de respeto a los tiempos de las víctimas” sancionada en el 2015, por unanimidad en el Congreso de la Nación.
La Cámara Primera en lo Criminal, a cargo de Lucía Ester Martínez Casas, de Resistencia, sentenció a 17 años de prisión por abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado doblemente por el vínculo y por ser un menor de 18 años, a Miguel Ángel Frutos, quien estuviera encargado de la guarda de Victoria (seudónimo que usaremos para resguardar la identidad de la víctima), desde 1992 hasta 1995.
La Ley de Respeto al Tiempo de las Víctimas introdujo una modificación sustancial en el Código Penal al ampliar los plazos de prescripción para los delitos contra la integridad sexual y delitos de trata, cuando la víctima sea menor de edad, independientemente del tiempo transcurrido entre el delito y su denuncia.
Así, Victoria, a sus 32 años de edad, pudo denunciar a Miguel Ángel Frutos, quien -bajo su rol de “padrastro”- le robó su infancia, cuando ella tenía entre 6 y 9 años, y pudo denunciarlo 25 años después de cometido el delito.
LOS TIEMPOS DE LAS VÍCTIMAS
Victoria logró poner en palabras el horror que sufrió, recién cumplidos los 11 años, cuando les contó a sus hermanos (de 14 y 15 años) y a su madre lo ocurrido. En los ´90, nada se podía hacer: su hermano adolescente intentó efectuar la denuncia y en la comisaría le dijeron que ya había pasado mucho tiempo.
Ella jamás pudo contar detalles de los hechos a su familia. Lo detalló por escrito recién, cuando realizó la denuncia en octubre del 2017.
“Este tipo de crímenes son cometidos sin la presencia de testigos, y el pacto de silencio que es la característica típica de estos delitos. El niño siente la responsabilidad de las consecuencias que traen aparejados estos hechos, no puede procesar lo que ocurre, no entiende muy bien, esto genera un trauma que lleva al silencio, que cuando crece y encuentra las herramientas para poder romper ese silencio, ya es tarde para la justicia”, fundamentó Leandro Ramirez, abogado de la querella.
ROMPER EL SILENCIO Y DENUNCIAR
Victoria, sin embargo, rompió el silencio a sus 11 años, cuando apenas comprendió el daño que le causó el criminal. Sus hermanos, si bien no presenciaron los aberrantes hechos, son testigos de sus 25 años de tristezas, de dolores, cambios de humor, dificultades en sus relaciones familiares y sociales, sus insomnios, sus intentos de suicidios, sus recurrentes crisis y siempre volvía a la misma causa: “A mí, Miguel me lastimó”, explicaba Victoria, cada vez que sufría una crisis nerviosa. No tuvo contención psicológica, ni acceso a la justicia, solo incertidumbre y miedo, pensando ¿Dónde podría estar su agresor, y cuántas víctimas más habría?
Esto último, fue lo que motivó a Victoria a tomar la decisión de realizar la denuncia: había identificado al agresor a través de las redes sociales, quien se mostraba en pareja con una mujer, madre de una niña de unos 5 años, en similares condiciones de vulnerabilidad que las que vivió Victoria. El agresor sexual de niñas tuvo 25 años de impunidad.
