La policía carga con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los protestantes.
Los miles de manifestantes que este miércoles han paralizado de nuevo las calles del centro de Hong Kong se han apuntado un tanto, simbólico cuando menos, en su lucha contra el proyecto de ley de extradición que por primera vez permitiría entregar sospechosos a China.
El legislativo ha aplazado el debate sobre la propuesta, cuya segunda lectura debía haber comenzado en el Parlamento esta mañana, y no ha anunciado cuándo piensa retomarlo; si será cuestión de horas, o de días. Pero los asistentes a la multitudinaria concentración tienen como objetivo no el aplazamiento sino la retirada del proyecto. Cientos de participantes en las protestas han rodeado el Parlamento para evitar la entrada de los legisladores y así su trabajo. Las fuerzas de seguridad están utilizando balas de goma, gases lacrimógenos y spray pimienta contra los manifestantes.
“¡Chit Wuit! ¡Chit Wuit!” (“¡Retirenlo!”, traducido del cantonés al español) era el grito ensordecedor que se escuchaba esta mañana en las calles en torno a la sede del legislativo. Decenas de miles de jóvenes, vestidos con camiseta blanca —el símbolo de la luz y de la verdad, según puntualizaban— o negra, guardaban vigilia desde la noche anterior para rodear el Parlamento y paralizar el debate. Las escenas, con los estudiantes acampados, algunos repasando sus libros, otros montando puestos de aprovisionamiento con agua, vituallas y mascarillas —estas últimas, para protegerse de los ataques con gas pimienta de la Policía— recordaban las sentadas del Movimiento de los Paraguas que, hace cinco años, tomó el centro de Hong Kong durante casi tres meses para reclamar más democracia. Como entonces, apenas pasadas unas horas ya se habían organizado equipos incluso para recoger las basuras y para reciclar.
El legislador prodemocracia y opositor al proyecto de ley Fernando Cheung instaba a los manifestantes a permanecer allí: “Lograron el milagro de bloquear esta sesión, pero esto es solo el comienzo de la batalla. Tenemos que seguir aquí más tiempo”.
A medida que aumentaba el número de concentrados, la Policía, desplegada en grandes números, respondía con mayor contundencia. En algunos momentos recurría a los cañones de agua o los sprays de gas pimienta para tratar de hacerles retroceder. En las zonas más despejadas, los jóvenes recolectaban paraguas —algunos incluso entregaban gafas de natación—, lonetas de plástico o cascos entre los asistentes para llevar a las zonas de choque. En las cercanías de la avenida Tim Mei, algunos de los concentrados utilizaban adoquines sueltos en el pavimento para construir una barricada y fortificar el incipiente campamento.
En juego está, afirman los manifestantes, el principio “un país, dos sistemas” que otorga al territorio autónomo derechos y libertades desconocidos en la China continental y que el Gobierno central prometió respetar durante 50 años en 1997, cuando el Reino Unido devolvió la excolonia a la soberanía china. Pero desde entonces, afirman, China ha ido aumentando su interferencia en la gestión del territorio: el secuestro en 2015 de cinco libreros que publicaban volúmenes críticos con el Gobierno de Pekín, y que aparecieron bajo custodia china al otro lado de la frontera, es uno de los ejemplos más citados. Si continúa el proceso de absorción, opinan, la identidad hongkonesa acabará perdiéndose sin remedio.
Los críticos también recuerdan las dudas sobre el opaco sistema legal chino, supeditado al Partido Comunista y donde las organizaciones no gubernamentales denuncian casos de tortura, confesiones forzosas y unas leyes que permiten retener a los sospechosos en paradero desconocido sin acceso a un abogado.
El Ejecutivo que preside la ministra jefe Carrie Lam replica que ya ha modificado el proyecto de ley en dos ocasiones y que, para extraditar a los sospechosos que reclame China, exigirá garantías a ese país; la solicitud no podrá tener motivaciones políticas ni religiosas, e incluso si los tribunales autorizan la entrega, el Gobierno tendrá la última palabra. Pekín, que apoya rotundamente la medida, asegura por su parte que el país otorga “gran importancia” a la protección de los derechos humanos y acusa a “fuerzas extranjeras” de promover las protestas.
Fuente y foto: El País
