El proyecto del Ejecutivo contempla el aporte de más de 60 organizaciones de la sociedad civil. Incluye reasignación de presupuesto, fortalecimiento de áreas existentes y creación de nuevos entes y programas para la ejecución de las políticas públicas.
El gobernador Domingo Peppo firmó, este lunes, el proyecto de ley para declarar la Emergencia Social por Violencia de Género. “Es un compromiso ineludible que tenemos desde el Estado, que me comprometí a impulsar en el objetivo de prevenir, abordar y erradicar la violencia hacia las mujeres”, expresó el mandatario.
El proyecto del Ejecutivo “representativo y federal”, fue elaborado con el aporte de 60 organizaciones de la sociedad civil, y tiene en sus bases lograr la reasignación presupuestaria para la implementación de las políticas públicas, la aplicación efectiva de las normativas vigentes en todo el territorio provincial, el fortalecimiento de áreas gubernamentales existentes y la creación de nuevos entes y programas.
“Es un proyecto que mantiene como objetivos prevenir, y generar condiciones de contención, de recuperación y de justicia”, definió Peppo, y apuntó a trabajar con estas bases “en la búsqueda de la equidad”.
Entre algunos puntos del proyecto, el mandatario destacó el impulso al acompañamiento de familiares de víctimas de violencia o feminicidio, la creación de refugios y de un programa para reeducar a las personas que ejercieron violencia. También resaltó la creación de un Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el monitoreo de las políticas públicas y el aporte de nuevas acciones.
Además subrayó la inclusión de la identidad de género, que amplía la normativa desde una perspectiva incluyente. También marcó la importancia de fortalecer las áreas del Estado que brindan asistencia a víctimas, como la Línea 137. “El objetivo es unificar y eficientizar los recursos distribuidos en distintas áreas”, indicó.
En tanto, el mandatario destacó el trabajo articulado de las mujeres que integran el Gabinete, quienes “llevan adelante las banderas de la igualdad de género”. Por último, bregó para que el proyecto sea fortalecido por los legisladores, manteniendo los objetivos que se trabajaron en conjunto con las organizaciones civiles.
Estuvieron presentes en la firma, las ministras de Gobierno Jessica Ayala, de Desarrollo Social Silvana Tayara y de Educación Marcela Mosqueda; las secretarias de Derechos Humanos Celeste Segovia y de Inversiones María Elina Serrano; y la presidenta del IPRODICH Mariel Gersel.
Proyecto representativo y federal
La secretaria de Derechos Humanos Celeste Segovia fue la encargada de articular con las más de 60 organizaciones sociales que realizaron aportes para la elaboración del proyecto. “Es un documento sumamente representativo y federal, ya que se extiende a toda la provincia”, indicó la funcionaria.
La ministra de Gobierno, Jessica Ayala, informó que se trabajó, además, con todos los estamentos del Poder Ejecutivo. “Necesitamos un cambio cultural, para terminar con la violencia machista”, agregó.
El proyecto
El proyecto de ley del Ejecutivo propone declarar Emergencia Social por Violencia de Género, como política prioritaria en todo el ámbito de la Provincia del Chaco, por el término de dos años. El objetivo es optimizar y unificar los esfuerzos y recursos estatales y de la sociedad civil para la plena aplicación y vigencia de las normas existentes y las que se sancionen en adelante para la erradicación de la violencia contra la mujer e identidades femeninas en todas sus formas. Para ello, el Estado Provincial deberá extremar los recursos financieros, técnicos y humanos, para hacer plenamente efectivo y operativo el Sistema de Protección Legal vigente en nuestra provincia.
El proyecto apunta a ejecutar acciones y programas tendientes a la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, niña y adolescente, cualquiera sea la autopercepción de su identidad sexual. Estimula a celebrar tratados, convenios o acuerdos con organismos nacionales, internacionales, instituciones académicas, a los fines de lograr el fortalecimiento técnico y económico de la jurisdicción provincial en la temática, para posibilitar la creación e implementación de servicios integrales de asistencia.
Además, propone la creación de un programa oficial destinado a la reeducación de las personas que ejercen violencia de género y fortalecimiento de aquellos que ya se encuentran vigentes. Fortalecer en todo el territorio provincial la red de contención social de Organizaciones no Gubernamentales (ONG) que trabajen en la cuestión de Violencia de Género tanto en la prevención como asistencia de las víctimas.
También apunta a crear e implementar Casas Refugio para víctimas (para aquellos casos en que la permanencia en su domicilio implique una amenaza a si integridad física y psicológica) y casas para víctimas de trata; y promover un cupo especial de viviendas destinadas a las víctimas con medida judicial de protección integral, que no deberá ser menor al 5% de las viviendas construidas.
Se busca incrementar la empleabilidad de las mujeres e identidades femeninas víctimas de violencia de género que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad o de riesgo, fomentando programas de empleo y contención económica.
El proyecto además apunta a garantizar una adecuada contención a los familiares de las víctimas de femicidios y el efectivo cumplimiento del contenido de la Ley N° 27.452 (“Brisa”).
En cuanto a la prevención, se busca establecer capacitación y apoyo a los Municipios y Comunidades Rurales para lograr la formación de Unidades especializadas en la problemática de género. Y garantizar, por medio de campañas de información y prevención la plena vigencia de las leyes nacionales, buscando sensibilizar a la sociedad y reducir las expresiones patriarcales a través de un cambio cultural.
Instrumentar programas de prevención basados en la capacitación permanente de funcionarios públicos y agentes del Estado. Promover la cobertura institucional en todo el territorio provincial destinada a la contención de víctimas de violencia de género. Efectivizar la implementación de todos los protocolos vigentes en la provincia referidos a la temática. Impulsa a generar los mecanismos necesarios y adecuados para garantizar el acceso a las políticas públicas de las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad como ser las mujeres indígenas o rurales, mujeres privadas de su libertad, y mujeres e identidades que sobrellevan algún grado de discapacidad o padecimiento mental.
El proyecto de Emergencia exige el cumplimiento efectivo de las leyes N° 27.449 (“Micaela”) y la Ley provincial N° 2833-J “Registro único de casos de violencia de género”; y crear un Observatorio orientado a relevar estadísticas oficiales sobre violencia de género y femicidios, evaluar programas y planes de gobierno y normativa en la materia y emitir informes diagnósticos periódicos de situación que permitan orientar la planificación de políticas públicas específicas.
También impone garantizar la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral en todos los establecimientos educativos de la provincia del Chaco en cumplimiento con la Ley N° 26159 y la Ley N° Ley 1502-E; y garantizar la efectiva aplicación de la Ley N° 25.673 – Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y la Ley N° 25.929 de Parto Humanizado, por parte de todos los efectores de Salud del Ministerio de Salud Pública de la Provincia del Chaco. Además refiere a la aplicación de Ley N° 6548 “Protocolo de actuación policial ante situaciones de violencia contra las mujeres” y de la Ley provincial N° 2141-J que restringe la portación, tenencia y transporte de armas a efectivos policiales denunciados por violencia.
Financiamiento e implementación
El articulado del proyecto de ley fija que los tres poderes del Estado Provincial, conforme lo determina la Ley 4787, deberán incluir en la elaboración de sus respectivos presupuestos, los montos que demanden tanto el diseño como la implementación o desarrollo de cada una de las acciones comprendidas en la legislación vigente, conforme el ámbito e incumbencias determinadas por éstas.
Además, el Poder Ejecutivo deberá diseñar y ejecutar un Plan Provincial bianual para la Erradicación de la Violencia de Género, reactivando el Gabinete Interministerial de Género (decreto:1219/16) integrado por todas las instituciones provinciales que se reunirá mensualmente. El órgano de coordinación, control y seguimiento estará bajo la órbita de la Secretaria de Derechos Humanos de la Provincia del Chaco.
Consejo de organizaciones sociales
El proyecto del Ejecutivo también propone la Conformación del Consejo Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil. Será la Secretaría de Derechos Humanos quien encabece el organismo, a los efectos de contribuir al diagnóstico, seguimiento y acompañamiento del Plan Provincial bianual para la Erradicación de la Violencia de Género.
