La empresa presentó más de $ 4000 millones de pasivo nuevo. La Justicia decidió que la gestión comercial y empresarial sea compartida entre el Gobierno y el sindicato de Camioneros.
OCA, el principal correo privado del país, abrió su concurso preventivo en 2017 por un pasivo que, en el expediente, se verficó en $ 4494 millones.
Sin embargo, quebrada desde inicios de abril, la empresa generó una deuda nueva que ya se aproxima a la original. Al 31 de marzo, el pasivo posconcursal de la compañía ascendía a $ 4025,25 millones, según el último informe disponible de la sindicatura del proceso.
Al igual que en el concurso (la AFIP es dueña del 80% de la deuda), de ese monto, $ 3740,5 millones correpsonden a deudas fiscales y sociales.
OCA tiene 6400 empleados directos y se calcula que da trabajo a un total de 10.000 personas, sumando los puestos indirectos. Tras la quiebra, el juez de Lomas de Zamora Pablo Tejada, titular del tribunal Civil y Comercial 10 de primera instancia, apartó de la empresa a su titular, Patricio Farcuh, y sus principales colaboradores.
El magistrado abrió el proceso de salvataje pero lo dio por frustado, ya que los únicos tres interesados que se presentaron -Seprit, OCA Logística y la cooperativa en formación Los Cedros, constituida por actuales ejecutivos de la empresa- estaban relacionados con Farcuh (o sospechadas de estarlo).
Mientras el empresario continúa apelando a cuanta instancia puede, y denuncia «maniobras viles», coordinadas entre el Gobierno y Hugo Moyano para sacarle la empresa, Tejada avanzó con la quiebra, no exento de tropiezos.
Un mes atrás, en una audiencia, la AFIP (principal acreedor) y la Federación de Camioneros (a la que están afiliados los empleados de OCA y, también, a la que la compañía le debe más de $ 200 millones) le propusieron a Tejada una gestión conjunta entre el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación y el gremio que lidera Moyano.
El juez, que había designado interventores a tres peritos judiciales para conformar una «gerencia plural», le dio el visto bueno a esto.
«Aunque los términos procesales han impedido explorar otras posibilidades, tampoco era razonable prever el nivel de desorganización expuesto por la sorteada gerencia plural, incluso, de inmediato a su puesta en funciones», señaló, acerca de las discrepancias que surgieron entre los tres administradores que nombró. «Denuncias de abusos en la representación, señalamientos recíprocos, ausencia de mínima cohesión, etcétera, dan cuenta de esa problemática. Es evidente que tamaña descoordinación entre sus integrantes torna insostenible la actual estructura», argumentó su nueva decisión, en relación al fracaso previo.
Por eso, sumó dos personas del Comité de Control a la administración de la empresa: Pablo Yannibelli, quien es director Nacional de Fiscalización del Trabajo y la Seguridad Social de la Secretaría de Trabajo, y Rodrigo Condorí, uno de los abogados de la Federación de Camioneros en el proceso (el otro es Hugo Moyano hijo).
Según Tejada, esto es una «opción superadora, orientada a la eficiencia y especialización de la administración de la empresa en continuación, con miras a su adecuada enajenación en marcha, reconfigurar la actual administración judicial; disponiendo la creación de tres áreas con específicas incumbencias, acordes a la expertiz (sic) de los profesionales que habrán de integrarla».
En tanto, Tejada designó a dos de las interventoras anteriores, Carmen Pérez Alonso y María Cristina Ratibel, en el área de Personal y Finanzas. Serán las únicas autorizadas a operar con «cuenta única recaudadora» y a firmar cheques de la empresa. Según el juez, esto es necesrio ya que «la magnitud de la tarea global configuró uno de los factores que imposibilitó ejercer satisfactoriamente las restantes facetas de gestión (que ahora quedan a cargo de otro espacio), loq ue convence sobre la utilidad de delimitar este marco específico y especializado».
*Diario26
