Por expresas instrucciones del gobernador Domingo Peppo, la Secretaría de Derechos Humanos a cargo de Celeste Segovia y los abogados patrocinantes, se constituyeron como querellantes en el sexto juicio oral en la provincia del Chaco, donde el último jueves comenzó a «ventilarse la complicidad judicial y civil con el terrorismo de Estado con el ex fiscal Domingo Mazzoni y el ex guardiacárcel de U7 Pablo Casco», indicó la funcionaria.
El tribunal quedó conformado por los magistrados Juan Manuel Iglesias, Selva Angélica Spessot de la Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes y Eduardo Ariel Belforte, del Tribunal Oral de Formosa. A su vez, se leyó la minuta de elevación a juicio de la fiscalía de las querellas y el auto de elevación a juicio de la causa con detalles de torturas ejercidas contra personas embarazadas, enfermas y en muchos casos sostenían la crueldad de los tormentos realizados por Casco. Las imputaciones Al exfiscal Domingo Mazzoni se le imputan cinco casos de tormentos, incumplimiento de los deberes de funcionario público en la forma de abuso de autoridad, incumplimiento de la obligación de promover la persecución penal y encubrimiento. Por su parte al ex penitenciario Pablo Casco se le imputan torturas y tormentos agravados en dos casos. Muchos lo acusaron de ser uno de los jefes de guardia más violentos y duros. Si bien no está condenado por el hecho, fue sindicado como quien entregó los presos políticos a los militares en diciembre de 1976. Luego esos detenidos aparecieron muertos en la Masacre de Margarita Belén. En esta causa también figuraba imputado el ex juez federal Luis Ángel Córdoba, pero falleció antes de la realización del proceso en su etapa oral, al igual que el ex secretario Flores Leyes. Este último fue acusado como el “sostén judicial”. En el requerimiento de elevación a juicio los fiscales describieron la conducta del fallecido Córdoba y de Mazzoni como «aporte sustancial» al terrorismo de Estado, a través de la impunidad otorgada al accionar delictivo del resto de los integrantes de la asociación ilícita. La defensa Juan Manuel Costilla ejercerá la defensa oficial de Mazzoni, y Olga Mongeló es la abogada de César Casco. Los fiscales serán Federico Carniel, Horacio Rodríguez y Diego Vigay llevarán adelante la acusación del Ministerio Público. La querella será representada desde la Secretaría de Derechos Humanos de Chaco con la presencia de la secretaria Celeste Segovia, por Duilio Ramírez, Paulo Pereyra y Silvina Canteros. En esta oportunidad, el doctor Pereyra también representó a la secretaría de Derechos Humanos de Nación por enfermedad de su abogado querellante. Luego de la presentación del Ministerio Público la causa pasará a cuarto intermedio hasta el 2 de agosto, una vez culminada la feria judicial cuando está prevista la declaración del ex fiscal Domingo Mazzoni. Entonces, se retomarán las audiencias con la convocatoria de testimoniales. Para este juicio se estima una lista de 16 testigos.
