Más de 600 detenidos por pedir por una «Rusia libre»

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Por unas elecciones justas y libres y una democracia real. Miles de personas protestan este sábado en Moscú para exigir que los candidatos opositores puedan participar en los comicios locales de otoño.

“¡Esta es nuestra ciudad!”, clamaban los ciudadanos. “¡Rusia será libre!”, gritaban en una manifestación no autorizada en el centro de Moscú, sitiada por cientos de policías y antidisturbios, que trataban de evitar el acceso al Ayuntamiento, el punto clave. Las autoridades han detenido a casi 700 personas. Ya antes de la protesta, y para evitar grandes discursos, las autoridades detuvieron en sus casas o en sus oficinas a los principales aspirantes independientes.

El Servicio Federal de Seguridad (FSB, la antigua KGB) investiga ahora el vínculo de los principales líderes de la oposición extraparlamentaria —Liubov Sóbol, del equipo del bloguero anticorrupción Alexéi Navalni; Dmitri Gudkov, exdiputado; Iliá Yashin y Serguéi Mitrojin, dirigentes del partido liberal Yábloko— con organizaciones extranjeras. Algo que, además de costarles una gran multa, les apearía definitivamente de la campaña electoral. Los aspirantes independientes que se postulan al consejo local de Moscú denuncian que las autoridades tratan de evitar que participen para seguir controlando políticamente la capital de Rusia.

 

Hace años, las elecciones locales eran un asunto más bien “familiar” que interesaba a poca gente, apunta la profesora asociada en la Academia Presidencial Rusa de Economía Nacional y Administración Pública (RANEPA en sus siglas en inglés), Ekaterina Schulmann. Eso ha cambiado. Solo un 21% de los moscovitas participó en las anteriores elecciones locales en 2014. Y hace algo más de dos semanas, solo un 5% de la ciudadanía se había mostrado interesada en los comicios del próximo 8 de septiembre. Sin embargo, la negativa de la Comisión Electoral a inscribir a los principales opositores extraparlamentarios ha despertado una ola de indignación. Ahora, el 50% de los moscovitas está al tanto de la polémica. El 36% está seguro de que van a ser irregulares, según la fundación de análisis político de San Petersburgo, y el 16,3% señala que no solo va a haber irregularidades sino, directamente, un fraude.

Las protestas por los comicios moscovitas aumentan la presión sobre el Gobierno y sobre el Kremlin en un momento delicado para su popularidad. Conforme van pasando los días, la indignación ciudadana aumenta. Y lo que está ocurriendo con las elecciones locales de septiembre está actuando como una espita para el descontento de los rusos, señala Schulmann. La crisis económica, la caída en el nivel de vida y el malestar por la gestión del Ejecutivo está llevando cada vez más a los ciudadanos a salir a la calle para reclamar derechos sociales.

El Ayuntamiento de Moscú, donde viven 12,5 millones de personas, tiene 45 escaños. Es responsable de un gran presupuesto municipal que ahora controla Rusia Unida, el partido del Gobierno. Sin embargo, la marca Rusia Unida está bastante dañada por la gestión y el malestar ciudadano, apunta Schulmann. Así que sus candidatos concurren como independientes.

Para competir en los comicios, aquellos candidatos no respaldados por un partido político representado en la Duma Estatal deben recolectar unas 5.000 firmas —o las correspondientes al 3% de la ciudadanía registrada en el distrito o distritos que quieran representar—. Hasta ahora, la Comisión Electoral ha registrado a 200, todos respaldados por Rusia Unida, el partido del Gobierno.

Las autoridades han rechazado inscribir a candidatos como Soloviov afirmando que sus firmas son falsas o inválidas. Rúbricas que han revisado durante días, en un recinto cerrado y sin que los aspirantes pudieran estar presentes. Los opositores denuncian, además, que los candidatos respaldados por el Kremlin no han tenido que pasar por ese control extremo. También que la Comisión les impide una auditoría externa de esos avales, muchos de los cuales sospechan que están falsificados.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: El País