Cabe recordar que el Código Procesal Penal derogado se encontraba vigente desde 1971 y requería una modernización que garantizara un proceso rápido, eficaz, y por lo tanto justo.
Es en este sentido que el Vicegobernador indicó: “Debo felicitar a los señores senadores por el amplio consenso que llevó a la votación unánime de esta iniciativa, un proyecto que con distintas características hace 15 años venía debatiéndose y no lograba materializarse. Este proyecto representa un mejoramiento para todo el sistema judicial de Corrientes y para toda la Provincia”.
Los distintos oradores, tanto del oficialismo como de la oposición, destacaron “el acuerdo y el profundo estudio que se realizó en pos de llegar a la redacción de un texto que contemplara las necesidades actuales en lo que respecta al Código Procesal Penal”.
Por otra parte, en el marco de la sesión fueron girados a Comisión el Expte. Nº 7081/19: la Cámara de Diputados remite en revisión Proyecto de Ley por el que se adhiere la Provincia a la Ley Nacional Nº 27.424 de Régimen de Fomento a la generación distribuida de energía renovable integrada a la red eléctrica pública, y el Expte. Nº 7083/19: la Cámara de Diputados remite en revisión Proyecto de Ley por el que se establece que la división política del territorio de la Provincia de Corrientes será en Municipios, conforme al artículo 123º de la Constitución Provincial.
RESEÑA
El senador Noel Breard afirmó que a partir de la sanción del nuevo Código “el juez dejará de investigar junto con el fiscal, lo que garantiza la objetividad dentro del proceso”.
Por su parte, el abogado penalista Jorge Buompadre consideró: “Uno de los puntos centrales que introduce el nuevo Código es la división de las funciones. El juez juzga, el fiscal acusa. Ese es el principal paradigma en un Estado constitucional de derecho como es el nuestro, pero que no sucede actualmente, donde no sólo el juez y el fiscal hacen lo mismo, sino que la autoridad policial también. Este escenario se vuelve a repetir en el debate y en el proceso”. Explicó además que tal situación genera dos consecuencias negativas: “la primera es la demora absolutamente indefinible de un proceso que no se sabe cuándo termina y después el costo económico para el Estado, en papeles recursos humanos, recursos informáticos”.
Otra de las modificaciones sustanciales que introduce el nuevo Código es la oralidad. “Se omite la cultura del expediente que también insume un gran costo al Estado. Lo que se busca es tener un caso resuelto en poco tiempo, logrando un modelo de enjuiciamiento que le sirva a la sociedad”, coincidieron especialistas en el ámbito del derecho penal.
Para concluir la sesión de tablas fueron aprobados la totalidad de los proyectos de Declaración.
