El ex juez federal sospechado de tener nexos con grupos narco prestó declaración ayer ante el magistrado Carlos Vallejos y autoridades del ministerio público. Dijo que su rol fue solo de instrumento y responsabilizó a su ex secretario Molina.
Habló ayer ante el magistrado Juan Carlos Vallejos y los representantes del ministerio público. “no fui más que un mero instrumento”, dijo.
El ex juez federal de Corrientes Carlos Soto Dávila responsabilizó al ex secretario de ese juzgado por realizar escuchas telefónicas a su esposa, tras involucrar falsamente al ex novio de la mujer en una causa por narcotráfico, consignó ayer un despacho de la agencia Télam.
Soto Dávila apuntó al secretario Pablo Molina al ser indagado ayer a la mañana por el juez federal Nº 2 correntino, Juan Carlos Vallejos, quien lo investiga, junto a los fiscales federales Flavio Ferrini y Carlos Schaefer, por una serie de escuchas clandestinas.
Fuentes judiciales informaron que el ex magistrado se presentó a declarar junto a su abogada, Mariana Barbita, y que posteriormente Molina presentó un escrito. La causa se inició en marzo de este año, cuando los fiscales hallaron discos compactos con escuchas telefónicas de una causa narco, traspapelados en el escritorio de Molina, quien por entonces permanecía detenido en Buenos Aires, procesado por brindar supuesta protección judicial a contrabandistas de droga.
De acuerdo con lo corroborado por el Ministerio Público, las escuchas comenzaron en septiembre de 2014, a pedido de Molina y con autorización de Soto Dávila, y comprendían los números de un ex novio de la pareja de Molina así como de la mujer. Según las fuentes, Molina habría sospechado una infidelidad de su esposa.
El ex juez Soto Dávila declaró ayer que “Molina violó todos los principios de confianza y responsabilidad entre el funcionario y el magistrado”, detalló una fuente con acceso a la causa.
“No fui más que un mero instrumento no punible por carecer de dolo, que permitió el perfeccionamiento del presunto delito de falsedad ideológica”, sostuvo Soto Dávila, quien planteó que “no había beneficio” de involucrarse en el ilícito dado que las personas que resultaron víctimas de la maniobra eran de exclusivo interés para Molina.
La acusación contra Soto Dávila y Molina fue realizada por el Ministerio Público Fiscal Federal y la Procuración Contra la Narcocriminalidad (Procunar), que surge de una investigación desprendida de la causa del Operativo Sapucay, cuya fecha de inicio del juicio volvió a posponerse (ver nota lateral), en la que se investigó a tres bandas de narcotráfico que operaban desde Itatí y que traficaban marihuana al menos a siete provincias argentinas.
En ese marco se descubrieron supuestas maniobras en el juzgado a cargo de Soto Dávila para el cobro de coimas a detenidos por causas narco, a fin de liberarlos o mejorar su situación procesal.
«Molina violó todos los principios de confianza y responsabilidad entre el funcionario y el magistrado. No fui más que un mero instrumento no punible por carecer de dolo, que permitió el perfeccionamiento del presunto delito de falsedad ideológica”, sostuvo Soto Dávila, quien planteó que “no había beneficio” para él con esas escuchas, sólo para Molina.
