La diputada provincial del Chaco Andrea Charole presentó ante la Legislatura el proyecto de ley N° 3641/2019, que busca declarar la “emergencia alimentaria y nutricional en todo el ámbito provincial” debido a “la crisis social y económica”.
Según señaló, el proyecto está orientado en “priorizar medidas de políticas públicas basados en los principios de calidad, equidad y eficiencia, en el tratamiento y seguimiento para mejorar los procesos y resultados de las actividades alimentarias en el ámbito del desarrollo social, en articulación con el resto de los demás actores».
De igual manera, “se busca garantizar la alimentación de la población considerada más vulnerables o en riesgo de subsistencia, que incluye a los niños menores de 16 años, como así también a nuestros ancianos”.
El proyecto aplicado consiste en otorgar “partidas presupuestales extraordinarias destinadas a la asistencia alimentaria y nutricional, garantizar el abastecimiento y acceso a la compra de alimentos básicos por parte de la provincia”.
En caso de ser sancionada, El Ejecutivo provincial determinará el lapso de tiempo por el cual se declare la emergencia, a su vez será este quien disponga las partidas presupuestales. Los Municipios podrán también adherirse a la ley mediante la firma de convenios.
FUNDAMENTOS DEL PROYECTO DE LEY
En el proyecto, la legisladora Charole fundamenta que «las cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) sobre pobreza e indigencia correspondientes al segundo semestre de 2018, elaboradas en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), colocan al Chaco en el segundo lugar al tope de provincias con mayor incidencia de pobres e indigentes».
En es marco destaca: “Se debe declarar la emergencia en virtud del crecimiento de la pobreza y la superpoblación que hay, tanto de padres como de nenes, en los comedores comunitarios o escuelas, en donde asisten por un plato de comida. La última vez que se aplicó en nuestro país fue con la crisis de 2001 y duró hasta el 31 de diciembre de 2002”.
“La proporción de personas pobres por ingresos trepó a un vergonzoso 41,38%. Ese dañino fenómeno social se produjo porque el Estado, que es el gran empleador, aunque también el sector privado, dispusieron el deterioro del poder adquisitivo de los salarios. El de los trabajadores públicos fue el más intenso y se desarrolló a través del mecanismo de ajuste por inflación”, agrega.
«En el conglomerado urbano del Gran Resistencia la incidencia de la pobreza se calcula en 160.409 personas. Son las que viven por debajo de la línea de pobreza, que no pueden financiar el valor de la canasta básica familiar, sobre un total poblacional de 387.617 habitantes».
«La ley tiene como finalidad garantizar la alimentación de la población considerada más vulnerable, que incluye a los nenes y nenas menores de 16 años, como así también los ancianos que fueron abandonados o en situación de calle. El objetivo es la correcta distribución de las partidas para fortalecer la asistencia a merenderos y comedores comunitarios», concluye.
