Durante una conferencia de prensa realizada hoy, el Colectivo de Actrices Argentinas denunció varios episodios registrados en el recinto artístico.
Con la presencia de diversas referentes del movimiento de mujeres y la adhesión del colectivo Ni Una Menos, de la Campaña Nacional por el Derecho al aborto y organizaciones culturales, el colectivo de Actrices Argentinas contó que «somos 60 organizaciones feministas y transfeministas que convocamos para dar un mensaje a la sociedad y a los medios».
Allí, en el emblemático hotel Bauen, contaron que se «se trata de un caso que, como en diciembre del año pasado, es un caso, que es conde una realidad mucho más extendida». «Queremos que se cambie el sistema, y pedimos que ustedes cuando hablen de este caso traten eso, de hablar del sistema», dijeron.
Con un comunicado que leyeron a viva voz, contaron que la denuncia hacía al titular del Centro Cultural San Martín y docente de la UNA, Diego Pimentel, por parte de Anahí de la Fuente, quien sufrió acoso y maltrato dentro del Centro Cultural.
«También acompañamos a todas las personas que todos los días sufren maltrato y estamos aquí para decir basta», leyeron, y destacaron que «no podemos desoír las voces de quienes deben soportar día tras día el acoso y la vulneración de los derechos laborales».
La referencia a los insultos, maltratos y humillaciones públicas que sufren «quienes no cumplen con sus reglas machistas, que generan acoso laboral y propician el silencio y el temor de las víctimas», atravesó toda la exposición que realizaron las actrices.
Como plantearon, esta es la realidad de miles de mujeres en las fábricas, en los lugares de estudio y de trabajo, incluido el ámbito de la cultura. En particular, el colectivo hizo referencia al modo de «contratación basura que asegura el Estado», como sucedió en este caso, y se mantiene en la actualidad, en el propio Centro Cultural San Martín.
“Cuando la víctima decide hablar, la amenazan; cuando decide denunciar, la despiden”, dijeron, y subrayaron también una exigencia colectiva: “basta de encubrimiento, de naturalizar la violencia, de silenciar a las víctimas”. “La persona acosada y despedida queda desplazada de sus ingresos, mientras el agresor queda protegido”, afirmaron, y aseguraron que “esto no se limita a este caso”.
La mayoría de las veces estos episodios «son subestimados, mientras las víctimas sufren las consecuencias». Por eso también reclamaron la adhesión y aplicación de la ley Micaela, que establece la capacitación en género para todos los empleados de los tres poderes del Estado.
Asimismo afirmaron que “los Estados deben aplicar una política orientada a terminar con la violencia contra la mujer, que incluye aquella que aplica el propio Estado». «Exigimos la reincorporación urgente de las trabajadoras despedidas del San Martín», afirmaron.
